La conselleira de Política Social reclama al ministro de Derechos Sociales que cumpla la ley y financie el 50 % de la dependencia

Gobierno y comunidades se han reunido este jueves para analizar el anteproyecto aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros para reformar la ley de dependencia y de discapacidad. A su llegada al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha comprometido a mantener el incremento de la financiación por parte del Estado del sistema de dependencia, que según ha afirmado ha sido de un 150 % desde el año 2014.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, agradeció la buena voluntad del ministro, pero denunció que «la voluntad no sostiene el sistema de atención a la dependencia» y por eso le exigió que cumpla la ley y financie el 50 % del gasto. Una petición, la de una mayor financiación por parte del Gobierno, que han secundado todas las comunidades del PP. 

García aprovechó su intervención para recordarle a Bustinduy sus declaraciones en una entrevista en La Voz del año pasado, en la que señalaba que el objetivo del Gobierno era «llegar al final de la legislatura asumiendo el 50 % del gasto de la dependencia en Galicia». 

Fabiola García afirmó que la aportación del Gobierno a Galicia no ha aumentado, sino todo lo contrario. Y dio cifras: si bien en el 2023 financió un 40 %, el año pasado el tope estuvo en un 34,9 %, «lo que provoca que la deuda acumulada con Galicia en esta materia supere los 2.500 millones de euros».

«Estamos en representación de los gallegos. Todos estamos de acuerdo en que hay que continuar avanzando, pero si se aprueban derechos sin financiación, lo único que se genera en las familias es frustración», señaló la conselleira, sobre una modificación normativa que no contempla la financiación.

También lamentó que estos cambios se produzcan de espaldas a las comunidades y a los concellos, «que son los encargados de atender a las familias». Y al problema de la financiación, explicó, se añaden las dificultades para encontrar profesionales.

Una de las novedades que se introducen en la normativa estatal es la compatibilidad de servicios por parte de las personas dependientes, algo que en Galicia, según afirmó la conselleira, es una realidad desde hace años: «Pero a la hora de financiar, el Gobierno central no aporta fondos por ambas, recayendo el total del coste de una de las prestaciones sobre las arcas autonómicas».

La conselleira advirtió al ministro que están cometiendo los mismos errores con la ley ELA, «que se publicó en el BOE hace más de cuatro meses y sigue sin tener ningún tipo de financiación económica». Afirmó que la Xunta concede cada año 12.000 euros a los afectados por esta enfermedad tan agresiva y tan cara, «que salen íntegramente de los fondos autonómicos».

De 1.130 millones en el 2014 a los 3.411 en el 2024

Frente a las críticas de los consejeros del PP de falta de financiación del Gobierno a la dependencia, el ministerio de Bustinduy ha recordado que la aportación al sistema del Gobierno en el 2024 fue de 3.411 millones de euros, frente a los 1.130 millones del 2014.

«Los puntales de esta reforma tienen que ver con poner las necesidades, las preferencias y los deseos de las personas usuarias en el centro del sistema y, por tanto, se apuesta por la universalidad de la teleasistencia, de la accesibilidad universal y aumentar las prestaciones y los servicios del catálogo por reducir la burocracia», recordó el responsable de Derechos Sociales.

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