La Xunta estima que son necesarios 30 millones al año para darles la atención necesaria, pero el Gobierno solo ha presupuestado 100 millones para 4.000 menores en toda España
31 mar 2025 . Actualizado a las 19:42 h.Alfonso Rueda reclama más financiación para dar un trato digno a 326 menores inmigrantes que Galicia albergará sí se confirma el reparto por comunidades anunciado por el Gobierno. Otras comunidades han anunciado recursos judiciales contra la decisión del Ejecutivo, el presidente de la Xunta afirmó que está «estudando» esa posibilidad y que anunciará la decisión cuando se tome. No parece probable que esa vía prospere. Más allá de posibles acciones judiciales, Rueda dijo que la Xunta «sempre cumpre a lei, outra cousa é que o cumprimento da lei sexa imposible».
El titular de la Xunta se refería con esas palabras a las dificultades para la acogida que tiene Galicia. Los centros de la comunidad están ya al 108 % de su capacidad. Hay 900 menores bajo protección pública, de los que 273 son inmigrantes no acompañados. A ellos se sumarían los 326 previstos, lo que sobrecargaría la red de atención autonómica.
El presidente insistió en que «é necesario financiamento, planificación e sentidiño para atendelos adecuadamente». Los menores no necesitan solo un sitio para dormir, sino que también precisan acceso al sistema sanitario y educativo, además de servicios como traductores y otros. Según las estimaciones de la Xunta, el coste de atender a los 326 menores asciende a 30 millones de euros anuales, cerca de 100.000 euros cada uno, pero el Gobierno central solo ha previsto una partida de cien millones para los más de 4.000 menores que se distribuirán por toda España.
El modelo gallego se basa en facilitar la integración de los jóvenes, por lo que se ha evitado la construcción de macrocentros.
Rueda reprochó al Gobierno que su objetivo no puede ser «sacar de enriba» a los menores de una comunidad que está saturada —Canarias— para repartir el problema a otras, sino que deben recibir un trato correcto.
El papel de Junts
El titular de la Xunta defendió que en anteriores situaciones similares sí se actuó de forma planificada, pero no esta vez: «Non pode ser que un señor diga en Waterloo que van facer o envío e xa está». Esas palabras hacen referencia al hecho de que el reparto no se negoció con todas las comunidades autónomas, sino que fue acordado por el Gobierno en una negociación bilateral con Junts per Catalunya, el partido independentista catalán que lidera Carles Puigdemont.
Según Junts, el acuerdo prevé que Cataluña reciba entre 20 y 30 menores, menos que Melilla, mientras que Madrid o Andalucía acogerían cerca de 800. Cataluña tiene en la actualidad 2.400 menores inmigrantes tutelados, solo por detrás de Canarias, con casi 5.800, y Andalucía, donde hay 2.600. Pese a ello, la desigualdad del reparto y el hecho de que se acordase de forma bilateral y negociar con otras comunidades provocó enfado entre los dirigentes autonómicos.
Las críticas no llegaron solo desde el PP. El socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, no descartó recurrir a la Justicia y dijo que «el Gobierno no tiene política de inmigración. No voy a admitir lecciones de solidaridad ni de los que pactan con la ultraderecha de Vox ni de los que pactan con la ultraderecha independentista, con un supremacista identitario como es [Carles] Puigdemont».
La postura de Junts hacia la inmigración está condicionada por la irrupción en el Parlamento de Aliança Catalana, que se define como islamófobo. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho al respecto que «no dejaremos a ningún partido de extrema derecha el espacio para que hable de cosas que la gente quiere que se hablen y de las que no habla ningún otro partido».