El PPdeG rechaza la propuesta del BNG para crear una oficina de atención a usuarios de residencias
GALICIA
Los nacionalistas denuncian abusos en los centros privados, con subidas repentinas en los precios de hasta 300 euros «fóra do que din os contratos, sen informar nin xustificar»
15 may 2025 . Actualizado a las 16:43 h.El PPdeG ha rechazado una iniciativa del BNG para crear en la Consellería de Política Social una oficina de atención a los usuarios de residencias y, en general, de los servicios sociales, así como de sus familias para que puedan realizar denuncias y quejas.
La proposición no de ley, que fue apoyada por el PSdeG y debatida en la Comisión de Sanidad del Parlamento, también instaba a la Xunta a dirigirse a las empresas y entidades gestoras de residencias de mayores para advertirles de que el reconocimiento de la dependencia o las prestaciones vinculadas «non pode ser motivo para o incremento do custe do servizo sen xustificación».
La diputada del BNG Olalla Rodil advirtió de que existen casos de «incremento de prezos arbitrarios fóra do que din os contratos, sen informar nin xustificar», y compartió el de una usuaria de una residencia privada de A Coruña a la que le subieron el precio más de 300 euros al mes, hasta los 2.470 euros, tras serle reconocido el grado de dependencia III y una ayuda pública de 300 euros.
Para Rodil, este es un ejemplo claro de una subida que se hace por parte de la entidad privada para «fagocitar as axudas públicas que reciben as persoas usuarias», dentro de un sector, el de las residencias de mayores y discapacidad, que está «tremendamente privatizado» y deriva en «grandes abusos».
El diputado del PPdeG Argimiro Marnotes descartó estas críticas, que cree que forman parte de la «Galicia gris» que quiere dibujar la oposición para dar la idea de que los usuarios de la residencias privadas están «desprotexidos», cuando la realidad «non é así», sino que hay un exhaustivo control de estos centros por parte de la inspección de Política Social.
Marnotes afirmó que la consellería «verifica os prezos» de los centros, que deben estar en el contrato de prestación de servicios firmado, de «carácter privado», e incluye un incremento anual que puede venir dado por diferentes parámetros, como la inflación o el aumento del grado de dependencia.
En todo caso, recordó que, para ayudar a asumir la diferencia de precio entre las residencias públicas y privadas, la Xunta ha establecido el Bono Coidado Residencia, con una ayuda directa de 1.200 euros anuales independientemente de la renta o el grado de dependencia. «A Xunta pretende darlle unha axuda ao usuario para que o prezo sexa moi igual ao que é unha praza pública, non se trata de coller a empresa privada e dicirlle o que ten que cobrar ou non», justificó.
Rodil contestó que con precios de residencias privadas de entre 2.400 y 2.700 euros al mes la ayuda de este bono, de 100 euros mensuales, «non equipara» el precio al de una pública, en la que se paga «conforme ao que se recibe de pensión, garantizando que o usuario teña o 25 % para os seus gastos».
La diputada del PSdeG Paloma Castro apoyó la iniciativa del BNG, que resultó rechazada, y lamentó que existe un «abandono das tarefas de inspección e control» de las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, al tiempo que advirtió contra «a perversión dun sistema que brinda a privatización do envellecemento á empresa privada».
En la Comisión de Sanidad también ha resultado rechazada, por los votos en contra del PPdeG, una iniciativa defendida por Castro en la que se instaba a la Xunta a revertir el proceso de licitación de la gestión de la residencia de A Eiriña, en Pontevedra, construida por la Fundación Amancio Ortega, para que tuviese «xestión directa pública dos servizos esenciais» y solo externalizar los auxiliares.