La Xunta autoriza la declaración de zona tensionada que solicitó el Ayuntamiento, aunque es contraria a aplicar esa figura
28 may 2025 . Actualizado a las 20:50 h.A Coruña será la primera zona residencial tensionada de Galicia, una figura que busca frenar la subida de los alquileres en áreas donde el coste de la vivienda supera el 30 % de la renta media o crece por encima del IPC. La Consellería de Vivenda envió hoy miércoles al Ayuntamiento el visto bueno a la petición que hizo el 4 de abril para lograr esa declaración, de la que deberá informarse al Ministerio de Vivienda. El estatus de zona tensionada, que este lunes también pidió el Concello de Santiago, congelará los precios e impondrá un tope a los propietarios de diez o más viviendas durante tres años.
La Xunta es reacia a esa figura, regulada por la ley de vivienda del 2023, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, afirma que es «intervencionista» y que «se ha demostrado ineficaz», pero tanto ella como el presidente Alfonso Rueda han dicho que la Xunta cumplirá la ley y las tramitará si los ayuntamientos las solicitan y cumplen los requisitos.
En el caso de A Coruña, el proceso empezó en octubre del 2023, cuando el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, dirigió una carta a la Xunta para iniciar los estudios. La misiva señalaba que «os 2.305 demandantes de vivenda pública na Coruña, inscritos a día de hoxe oficialmente no rexistro de demandantes de vivenda protexida do Instituto Galego da Vivenda e Solo, dan conta de que a oferta actual de vivenda na cidade non responde ás necesidades reais da poboación». Pero las gestiones no han estado libres de polémica, a finales del pasado mes de abril, Vivenda pidió al Concello que ampliase su solicitud. La alcaldesa, Inés Rey (PSOE), acusó al Gobierno gallego de «torpedear» el proceso. Martínez Allegue —tras reiterar sus dudas sobre la efectividad de las zonas tensionadas— negó que fuese así. Aunque tenía seis meses para emitir su resolución, la Xunta hizo los trámites en menos de dos.
El gobierno local celebró la «celeridad» del Ejecutivo autonómico. La atribuyeron al al expediente de solicitud, ya que «solo tardaron siete días en informarlo favorablemente». Anunciaron además que harán una valoración más detallada de la resolución cuando la reciban.
También la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha valorado la decisión del Gobierno gallego a través de sus redes sociales.
Celebro que la Xunta haya atendido la petición de A Coruña. Ante la evidencia de que la Ley de Vivienda funciona, confío en que la declaración de zonas tensionadas se amplíe a otras CCAA
Gracias, alcaldesa @inesreygarcia, por tu liderazgo y compromisohttps://t.co/PHPpmAoJ6E— Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) May 28, 2025
Con la solicitud aprobada, el Ayuntamiento tendrá dos meses a partir de la recepción de la notificación de la Xunta para aprobar el plan específico, y su calendario de aplicación, con el que espera corregir los desequilibrios en los precios de la vivienda.
Ese programa tendrá como base 12 medidas que el consistorio incluyó en sus solicitud, y que van de agilizar las obras y la rehabilitación a incentivar el alquiler con rebajas fiscales. Su objetivo es que A Coruña deje de incurrir en las dos condiciones que permiten la declaración de zona tensionada: que el coste de la vivienda supere el 30 % de la renta media de los hogares; o que el precio de compra o alquiler sufriese un crecimiento superior en tres puntos porcentuales al aumento del IPC en Galicia en los últimos cinco años. En la actualidad, según un informe del Ayuntamiento de A Coruña, el 70 % de las secciones censales de la ciudad cumple con esos requisitos. Si una de esas circunstancias se mantiene dentro de tres años, la declaración podría prorrogarse.
La documentación será enviada al Ministerio de Vivienda, que publicará la declaración de zona tensionada en el Boletín Oficial del Estado. Fuentes de la Xunta señalaron que a partir de la publicación, que se producirá una vez resueltos los últimos trámites, la zona tensionada estará vigente.
Cuando entre en vigor, los propietarios de pisos en alquiler en A Coruña estarán limitados por un índice estatal que fija precios máximos, según el tamaño y la ubicación de la vivienda (Serpavi). Si el piso estuvo alquilado en los últimos cinco años, el nuevo contrato mantendrá la renta del anterior. Sí se aplicará el porcentaje de actualización y, de forma excepcional, el alquiler podrá aumentar hasta un 10 % si se realizaron obras de rehabilitación o mejora durante los dos últimos años. Los pisos que no hayan estado alquilados durante los últimos cinco años no podrán superar el precio de la referencia estatal. Los grandes tenedores —propietarios de diez o más pisos— deberán situar sus alquileres dentro del límite de referencia, hayan estado o no en el mercado.
El Concello de Santiago ha pedido que en su ámbito se considere grandes tenedores a los propietarios de cinco o más viviendas. La Xunta no ha tomado una decisión al respecto, lo hará cuando analice su solicitud.
Fuentes del gobierno gallego señalaron que la vigilancia y control de los precios del alquiler «corresponderá a los ayuntamientos», como solicitantes de esa declaración de zona tensionada. La ley no fija un régimen sancionador y tampoco incluye previsiones para evitar que los contratos suban mientras se tramita la declaración.
Por su papel pionero, el impacto de la medida en A Coruña va a ser muy analizado. La alcaldesa, Inés Rey, ha insistido en que el Gobierno local debe aplicar «todas las medidas que tiene en su mano» para reducir el precio de los alquileres, que según la última encuesta de Sondaxe es el principal problema de la ciudad. Mientras, la Xunta mantiene su escepticismo. El propio Alfonso Rueda dijo el lunes que las zonas tensionadas «non están funcionando» y advirtió, ante la solicitud presentada por Santiago, que el Concello deberá asumir las consecuencias de la medidas. La comunidad pionera en la aplicación de zonas tensionadas fue Cataluña, que las declaró en 271 ayuntamientos durante el 2024. Según los datos de la Generalitat, las rentas en esos municipios bajaron un 2,7 % de media de abril a diciembre del 2024. Pero se firmaron un 15 % menos de contratos, ya que muchas propiedades pasaron al mercado de temporada. Otros estudios, como el del Observatorio del Alquiler, hacen un balance más negativo.
Los 12 compromisos del Ayuntamiento de A Coruña en la declaración como mercado residencial tensionado.
- Agilizar los trámites de las obras mediante entidades de certificación.
- Desarrollar un plan de recuperación de ruinas con ocho edificios y solares.
- Impulsar el plan Rexurbe en colaboración con la Xunta para la compra y restauración de inmuebles en el casco histórico.
- Ceder al Sepes y al IGVS terrenos para la construcción de vivienda pública.
- Implantar vivienda en suelo dotacional, como pisos intergeneracionales o viviendas colaborativas.
- Fomentar la cesión de superficie de parcelas municipales a cooperativas y promotores sin ánimo de lucro.
- Constituir un banco y una base de datos de viviendas destinadas al alquiler social.
- Crear un registro de demandantes de viviendas de alquiler social, para que los inscritos puedan acceder al citado banco.
- Controlar las viviendas de uso turístico.
- Facilitar el traslado de actividades terciarias de las plantas altas a los bajos de los edificios para reconvertirlos en vivienda.
- Establecer ayudas para el seguro de impagos y otros incentivos fiscales (como rebajas del IBI) para favorecer el alquiler.
- Reforzar la mesa sectorial de vivienda con nuevos representantes.