A Coruña fija un tope de 0,5 pisos turísticos por 100 vecinos para blindar los barrios

Solo podrán instalarse en bajos, primeros y edificios enteros de uso exclusivo para garantizar que ningún vecino soporte sobre su cabeza las incomodidades de un piso turístico. Esta condición, que emana del propio planeamiento urbanístico y del tratamiento que en él reciben las actividades terciarias —y este tipo de alojamientos lo son—, sustenta la nueva regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) de A Coruña, aprobada este jueves con los votos favorables del PSOE, que gobierna en solitario, y del BNG, socio de investidura de la alcaldesa, Inés Rey. El PP, que acusó al gobierno de favorecer a las grandes fortunas y los fondos de inversión, se opuso.

El Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta cifra en 1.389 el censo de viviendas de esta clase en la ciudad. A principios del 2023 eran 713 y desde entonces su crecimiento ha sido imparable. ¿Son las responsables del grave problema de vivienda en A Coruña, pendiente de la declaración de zona tensionada? «No, pero tampoco ayudan a resolverlo», acotó Francisco Dinís Díaz Gallego, concejal de Urbanismo.

«Su expansión repercute en la ciudad al reducir el parque disponible para alquiler e incrementar el precio de los alquileres, que en el caso de los jóvenes resultan desproporcionados respecto a sus ingresos», relató Díaz. También aludió a la difícil convivencia de usos en edificios que comparten espacios y «a los servicios públicos que determinan el modelo de la ciudad», con mención expresa a la pérdida de identidad que se observa en los negocios que florecen allí donde proliferan las VUT, inicio de la gentrificación, del adiós a la vida comunitaria y del encarecimiento de los precios.

Recurso en los tribunales

El Ayuntamiento calcula que alrededor de la mitad de los pisos desaparecerán como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. «Hasta el verano del 2024 no existía una sola vivienda con el título habilitante municipal, que es de obligado cumplimiento antes de abrir. «¿Por qué entonces la Xunta registró en el REAT los [más de 1.000] pisos en la ciudad sin ese título?», se preguntó el concejal. Frente a su estimación de los cierres que están por venir, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) entiende que la nueva ordenanza abocará a la desaparición al 80 %, y por ello, —por su carácter retroactivo—, Aviturga ya ha anunciado que recurrirá la norma en los tribunales.

Contra el vaciado del barrio

Su regulación es una pieza más de un puzle en el que la carta principal es la promoción de vivienda protegida y pública, pero no por ello una regulación menor, esgrime el gobierno local. A Coruña pretende la reversibilidad del uso, de modo que los pisos puedan volver a tener destino residencial en el futuro; limitarlos por distritos para aquilatar su densidad, con un tope de 0,5 VUT por cada 100 habitantes para evitar el vaciado de los barrios; establecer la incompatibilidad del uso turístico en inmuebles que hubiesen recibido ayudas previas a la rehabilitación, y proteger la permanencia en los bajos de negocios preexistentes que pudieran sucumbir a las presiones, una vez implantado el modelo turístico en el edificio.

El concejal coruñés recordó a los 20.000 malagueños que tuvieron que marchar a Cártama en busca de un lugar donde vivir para subrayar el carácter previsor de la ordenanza. «Hoy en el centro de Málaga no hay un solo malagueño», lamentó.

El BNG, que votó a favor, pidió al gobierno valentía e inspecciones. «Non podemos permitir que A Coruña se converta nun parque temático. A cidade non é un produto, é un espazo para a vida digna», defendieron. El PP, por el contrario, entiende que las VUT no son un problema, demanda una modificación del plan general para introducir una figura nueva en la que encajen estos alojamientos e interpreta la elección de sus propietarios, frente al alquiler residencial, como una respuesta a la «inseguridad jurídica» derivada del marco legal.

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