La Xunta rechaza «imposicións» del Gobierno con los menores migrantes y pide «financiamento adicional»

Redacción LA VOZ

GALICIA

Menores inmigrantes atendidos en Canarias por la Cruz Roja.
Menores inmigrantes atendidos en Canarias por la Cruz Roja. Gelmert Finol | EFE

Este viernes se celebra la Conferencia Sectorial de Infancia en la que el ministerio informará a las comunidades sobre el real decreto que regula la reubicación y traslado de los niños

27 jun 2025 . Actualizado a las 13:03 h.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, insistió este viernes antes de la Conferencia Sectorial de la Infancia que comenzó a las once de la mañana en que la Xunta rechazará «imposicións» del Gobierno central con respecto al reparto de menores migrantes y continuará reclamando «financiamento adicional» para atenderlos.

En la reunión, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se informará a las autonomías sobre el real decreto que regula el procedimiento para la reubicación y el traslado de menores migrantes no acompañados en caso de una situación de contingencia migratoria extraordinaria. También se aprobarán 22 millones de euros para Canarias (8,5 millones), Ceuta (7), Melilla (4,5) e Islas Baleares (2). 

El borrador de este real decreto que salió a audiencia pública establecía los detalles del proceso de reubicación, como la participación del Ministerio Fiscal, al que se comunicará la propuesta de traslado y se pedirá un informe en el caso de que el joven no quiera ser reubicado.

Dictaba que la comunidad de origen será la responsable de los traslados, que serán financiados por el Estado, y que en caso de que la autonomía de destino se niegue a acoger a los menores, los profesionales que acompañen al joven pueden pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo comunicarán al Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.

En la reunión de este viernes las comunidades podrán hacer sus propuestas de modificación de este proyecto, ya que, al igual que el primer real decreto ley aprobado el 18 de marzo que creó el mecanismo de acogida obligatoria, este puede incorporar cambios si así lo acuerdan las autonomías en la sectorial, por unanimidad.

De hecho, Canarias ya anunció ayer que propondrá que los menores migrantes que salgan de las islas sean acompañados por personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo por funcionarios autonómicos, y que en caso de que haya alguna incidencia en su acogimiento sea comunicada a la Fiscalía de Menores.

Lograr un acuerdo unánime que modifique el texto planteado por el Gobierno será difícil, ya que existe una amplia oposición por parte de las comunidades al mecanismo ideado por el Gobierno y las últimas reuniones en torno a este asunto han acabado repletas de reproches: desde las comunidades, por las «imposiciones» del Ejecutivo, y desde este, por la falta de colaboración de las autonomías.

Precisamente contra esta normativa, el Consello de la Xunta aprobó el 16 de junio interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional que ya está presentado, según confirmó la conselleira, que pidió al Gobierno que «volva á vía do consenso e do diálogo».

«Si, efectivamente. Xa se presentou o recurso ante o Tribunal Constitucional, pero nós seguimos insistindo unha vez máis ao Goberno de España para que recapacite e que volva haber consenso, que volva haber diálogo», advirtió, porque Galicia «non vai aceptar máis imposicións por parte do Goberno de España». La acogida, dijo, debe ser negociada con todas las comunidades. 

Otros nueve territorios gobernados por el PP (Madrid, Aragón, Cantabria, Extremadura, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Castilla y León) y Castilla-La Mancha (gobernada por el PSOE) también recurrieron el texto ante el Tribunal Constitucional o anunciaron que lo harán próximamente. 

Fabiola García incidió en que Galicia es una comunidad acogedora, «como demostrou nos últimos anos», pero justificó que estos menores necesitan una atención 24 horas al día dentro del sistema de protección de la Administración autonómica que está al límite de su capacidad.