Incluye la teleasistencia generalizada, la ayuda en el hogar también para hacer recados o un banco de productos de apoyo
15 jul 2025 . Actualizado a las 18:53 h.«Es la reforma social de mayor calado de esta legislatura». Así definía ayer Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que aprobó el Consejo de Ministros. Se trata de «dejar atrás la época de los recortes del PP» sobre la primera ley de dependencia y «sentar las bases de un sistema público y universal de bienestar, autonomía y cuidados».
La norma ya pasó una aprobación inicial que se completó con la aportación de la sociedad civil, especialmente colectivos vinculados a la dependencia y la discapacidad, como el Cermi o la ONCE.
Precisamente a la sociedad apeló varias veces el titular de la cartera social, ya que recordó que España vive «una profunda transformación cultural», especialmente desde la pandemia, que ha dado la espalda a «el macrosistema de plazas residenciales para apostar por el espacio propio, por mantenerse en el entorno más cercano y conocido.
Entre las mejoras que anuncia con la nueva ley, destacan: el servicio de teleasistencia para todas las personas con algún grado de dependencia que vivan en su hogar; la ampliación de la ayuda en casa para hacer trámites; el préstamo de productos de apoyo para ganar autonomía o el derecho a ser atendido en el hospital aunque se viva en una residencia, entre otros.
Sobre la financiación de la ley, apuntó que el esfuerzo realizado por el Gobierno central es histórico y lamentó que el dinero monopolice el debate. Aún así, explicó que en el 2024 el Gobierno de España destinó 3.478 millones de euros a las comunidades autónomas para la atención a la dependencia, y no solo eso: «España es el único país de la UE que ha destinado parte de los fondos de recuperación a la renovación y modernización de sistemas de atención a la dependencia. En el 2024 transferimos 808 millones de euros para la teleasistencia y la renovación más de 15.000 plazas residenciales por todo el país». A eso añadió los «230 millones de euros para las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales», que habían suspendido los recortes del PP. Para Bustinduy ha sido «un esfuerzo fiscal que no tiene precedentes».
Sobre la aportación estatal, el ministerio cifra en 5.400 millones de euros el recorte realizado por el Gobierno del PP y para compensarlo, desde el 2020 el Gobierno «ha incrementado en un 150?% las partidas».
Reconoció que el objetivo final es que el Estado aporte el 50 % de los costes de la dependencia (ahora apenas pasa del 25 % en el cómputo general) y señaló que, además del dinero, los cambios normativos también exigirán de las Administraciones una mayor transparencia para saber qué porcentaje de los costes soportan los usuarios.
Los directores de residencias dicen que el Estado pagó en el 2024 la mitad de lo que debía
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha emitido el informe anual del Observatorio Estatal de la Dependencia sobre la financiación de los servicios en España, y señala que en el 2024, el Estado abonó solo el 27 % del coste, cuando por la propia ley le correspondería el 50 %.
La participación estatal no es igual en todos los territorios, con un 16 % en el País Vasco y un 19 % en Navarra, relacionados con la singularidad de las cuentas forales, pero también muy bajo —sobre un 20 %— en Baleares o Comunidad Valenciana. Donde mayor es la participación del Estado es en La Rioja, con casi un 39 %, pero muy lejos igual del 50 % que le correspondería. Galicia, en ese sentido, es de las privilegiadas, porque recibe prácticamente el 35 % de los gastos. Desde la Consellería de Política Social se puntualiza que este porcentaje que obtiene la Xunta incluye el dinero del nivel acordado, una especie de fondo que se reparte entre las comunidades que cumplen los objetivos de personas atendidas durante el año.
Galicia no está bien en los otros indicadores que hace el Observatorio. Por ejemplo, por cada vecino potencialmente dependiente, Galicia gastó en el 2024 solo 1.317 euros, lo que la sitúa a la cola de España; en el otro extremo, el País Vasco, con 2.845 euros por cada vecino mayor de 65 años (es el parámetro que se usa como potencialmente dependiente). Muy cerca de Galicia están Canarias y Murcia, mientras que en la parte alta, tras los vascos, están los extremeños, navarros y baleares.
Si de lo que se habla es de dependientes reales, las cuentas gallegas tampoco salen muy bien paradas. Es la sexta comunidad por la cola, con 8.392 euros por dependiente y año, y solo gastan menos las dos Castillas, Murcia, Aragón o Andalucía. Nuevamente vascos, navarros y extremeños están en la parte de cabeza: los vascos gastan 13.554 euros por dependiente y año.
Sobre esta estadística, la Consellería de Política Social apunta que Galicia atiende sobre todo a personas en su casa. La ayuda en el hogar es el servicio estrella de la dependencia, sobre todo, dicen en San Caetano, porque es la opción preferida de quienes reciben prestaciones por dependencia.
Finalmente, Galicia está en el grupo de comunidades que ha aumentado el dinero que recibe del fondo por el nivel acordado, junto a Cantabria, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Navarra. Aragón, en cambio, es el territorio que más aportación estatal ha perdido.
La Xunta asegura que con este cambio legal, el Gobierno copia el modelo impulsado en Galicia
La Consellería de de Política Social sostiene que la modificación de la ley de dependencia tratada ayer en el Consejo de Ministros pone de relieve una cosa: que la Administración central está siguiendo lo pasos de los cambios puestos en marcha en la comunidad gallega. Modificaciones, según la Xunta, que ya se encuentran operativas en esta autonomía desde hace años. Es el caso, por ejemplo, de la posibilidad de combinar servicios — Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y centro de día—, de la homologación automática de la discapacidad a los dependientes que la tengan solicitado o las prestaciones económicas mientras se aguarda por el servicio solicitado. Para el departamento liderado por Fabiola García resulta especialmente significativo el caso de la homologación de la dependencia y discapacidad. Una medida implantada a principios de año en Galicia y que, según la Xunta, «o Gobierno central amenazou con recurrir», pero que «agora imita» aunque con «menor intensidade», una vez que concede a los dependientes de grado 3 el 65 % de la discapacidad, mientras que en Galicia se otorga el 100 %.
En relación a los cambios anunciados por el Gobierno central, la Xunta critica que, una vez más, no haya consultado esta reforma ni con las comunidades ni con los ayuntamientos, que también se ven afectados y que tampoco aporte los fondos necesarios. Por ejemplo, según Política Social, el Ejecutivo central ha avanzado que amplía el SAF a actividades fuera del domicilio (como acompañamiento médico o a hacer la compra), pero sin tener en cuenta si los ayuntamientos, que gestionan este servicio, disponen de personal suficiente, financiación o disponibilidad en los contratos vigentes. Además, el departamento que dirige Fabiola García lamenta que no se incluyese la petición de Galicia para que se reconozca a las Casas do Maior como recurso de proximidad en el rural.
«Esta reforma, ademais de contemplar un aumento das obrigas, non leva aparellada o financiamento correspondente ao 50 %, que establece a lei. Unha cuestión que a Xunta leva tempo reclamando e que sitúa a débeda do Gobierno central en máis de 2.500 millóns», sostiene la Consellería de Política Social.
Mejoras desde enero
Precisamente, este departamento llevó ayer al Consello de la Xunta un informe para valorar el impacto que han tenido las medidas de agilización de la dependencia puestas en marcha en la comunidad gallega. Según los cálculos de la Administración gallega, el objetivo es llegar a finales de año a las 90.000 personas atendidas con servicio o prestación.
En la actualidad, según los datos de la consellería, Galicia supera las 84.000 personas atendidas, lo que representa una subida del 12 % en los últimos doce meses. Se trata de la más elevada en el conjunto de España, tal y como expone Política Social, y que sitúa la ratio de cobertura en la comunidad en el 98,6 %.
Los datos de la Xunta sobre el plan de agilización de trámites muestran que, en los primero seis meses del año, se resolvieron favorablemente 42.559 expedientes, un 95 % más que en el mismo período del 2024. En concreto, el informe de la Xunta indica que en dependencia hay 12.557 nuevas personas atendidas, un 65 % más, y en discapacidad se emitieron 30.002 resoluciones favorables, esto es, un 110 % más.
«Neste tempo implantouse a valoración automática do grao 3 de dependencia para as situacións máis graves e a posibilidade de que as valoracións de fagan directamente nas residencias públicas por parte do persoal sanitario», apunta Política Social. La consellería recuerda que se crearon tres nuevas unidades de valoración en las comarcas de Barbanza, Eume y Bergantiños y que se extendió el sistema de citación a través de mensajes en el móvil a concellos de más de 10.000 habitantes.
«Este modelo aplicouse primeiro para as sete cidades e despois estendeuse a concellos de 20.000 habitantes», recuerda la Xunta en su último informe.