El traslado de los menores migrantes a las comunidades está pendiente del aval del Tribunal Supremo
GALICIA
El Gobierno espera que sea «cuanto antes» y la Xunta le responde que los obliga «a crear guetos»
16 jul 2025 . Actualizado a las 17:51 h.Pese al rechazo de algunas comunidades a cómo está gestionando el Gobierno el reparto de los menores migrantes no acompañados, este continuará con los traslados de los solicitantes de asilo una vez cuenten con el aval del Tribunal Supremo, que esperan que les comunique «a la mayor brevedad posible». Aunque las comunidades se opongan, así lo afirmó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
«Vamos a seguir avanzando en una situación que no es fácil, que es compleja, que tiene sus dificultades, que entendemos y también compartimos la necesidad de que ese hacinamiento acabe en Canarias, pero tenemos que hacerlo con el interés superior del menor y lamentablemente sorteando siempre dificultades que se nos ponen en el camino por las comunidades», afirmó Torres tras una reunión con representantes de Save The Children, Acnur y Plataforma de Infancia.
La Comunidad de Madrid envió una carta la semana pasada a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que se oponía a recibir a menores migrantes solos. Ante este rechazo, el Gobierno, para proteger «el interés superior del menor», elevó una petición al Tribunal Supremo solicitando su aval para poder obligar a las comunidades a acoger a estos menores.
También recurrirá al Supremo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que este miércoles anunció que su Ejecutivo le notificará la «nula» colaboración del Gobierno para cumplir con los autos dictados para dar protección a los más de mil menores que han solicitado asilo.
«Desgraciadamente, una vez más, solo nos queda la vía de la justicia», dijo Clavijo. El jefe canario expuso que tras dos autos del Supremo, el Gobierno de España, en las «batallitas políticas de Madrid», lo que «está demostrando es que no quiere sacar» a los menores de Canarias y «no quiere atenderlos».
En cuanto a la sectorial de infancia que se celebrará este jueves en Madrid, Clavijo afirmó que lo que se va a llevar es el decreto de emergencias, como le ha informado la ministra de la cartera, Sira Rego, para aprobarlo en Consejo de Ministros el 22 de julio y a finales de agosto poder empezar las derivaciones de menores extranjeros no acompañados.
La Xunta: «Non se pode ser solidario co que non se ten»
La conselleira de Política Social, muy crítica en los últimos meses con la distribución de los niños entre las comunidades, afirmó este miércoles que el Gobierno les obligará a crear guetos, insistiendo en que eso es algo que la Xunta no va a hacer. Tampoco aceptará, dijo, ninguna imposición.
«Se nos envía 317 menores, imos ter que facer centros específicos e nós apostamos por un sistema de integración completa porque é a mellor forma, a máis rápida e áxil de que se integren en Galicia e na nosa cultura», aseguró Fabiola García. «Non se pode ser solidario co que non se ten», dijo, insistiendo de nuevo en la sobreocupación del 108 % del sistema de protección gallego. Dispuesta a seguir acogiendo a menores migrantes, la Xunta exige que se haga «de forma planificada, coordinada e sobre todo co financiamento necesario».
Respecto a las críticas de Amnistía Internacional, que demandó este miércoles a la Xunta en un comunicado que «aleje de la disputa política y partidista la acogida digna y corresponsable de la infancia migrante» bloqueada en Canarias y Ceuta, y le exigió que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos, la conselleira reiteró que Galicia es «exemplo de integración real».
«Temos un sistema de integración completa das persoas menores migrantes. Cando chega un, intégrase nun centro ou nunha casa de acollida xunto a outros menores de Galicia. Iso implica coordinación e integración en tempo real», señaló Fabiola García.
El Pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite los recursos presentados por seis comunidades autónomas, entre ellas Galicia, contra el reparto de menores migrantes establecido por el Gobierno.