El Ministerio de Sanidad apremia a comunidades y sindicatos para aprobar el estatuto marco en otoño

La propuesta de estatuto marco del Ministerio de Sanidad tampoco encuentra apoyo en las comunidades autónomas. La norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario no convence ni a los sindicatos que están en la negociación, que no comparten varios puntos del borrador que defiende Mónica García (el derecho a la jubilación anticipada y parcial, y que la nueva reclasificación profesional vaya ligada a la retribución), ni a los sindicatos médicos, que se han manifestado y puesto en huelga en los últimos meses, ni tampoco a los consejeros de Sanidad de los gobiernos autonómicos, que piden que el estatuto marco cuente con un informe de viabilidad, solvencia jurídica y compromiso presupuestario por parte del ministerio para continuar con las negociaciones. En definitiva, que sea un texto integrador, que no divida a los profesionales y que contemple todas las peculiaridades del sistema sanitario.

Tras el pleno extraordinario de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, la ministra de Sanidad se mostró abierta a celebrar todas las reuniones que sean necesarias sobre el estatuto marco de los sanitarios, pero advirtió que si el texto definitivo no llega al Consejo de Ministros en otoño, «se le condenará de nuevo a ser guardado en un cajón». 

Avanzarán en el diálogo de la futura ley en septiembre, primero en dos reuniones con los sindicatos médicos (los días 2 y 5) y después con los técnicos autonómicos (el 9 y el 10). Después, se convocará el Foro Marco del Diálogo Social, integrado por el ministerio, las organizaciones sindicales y las comunidades; y de ahí, al Consejo de Ministros, al tratarse de un anteproyecto de ley. 

Será entonces cuando se acompañe de una memoria de impacto económico, y no ahora, como han reclamado los consejeros de las comunidades, «independientemente de su color político», según afirmó el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, que han arremetido contra la falta de financiación de las medidas. «Obviamente, hasta que no terminemos el texto definitivo, dialogado y consensuado con las comunidades, no podremos tener realmente el impacto presupuestario real», aclaró Mónica García.

¿A qué grupo profesional pertenecerá cada trabajador del Sergas con el nuevo estatuto?

Elisa Álvarez

Explicó que, como cualquier otra mejora laboral, la norma se financiará «en gran parte con el Estado a través de los presupuestos generales del Estado», por lo que no será una dotación finalista y será cada comunidad la que «decida en qué se lo gasta».

Como portavoz de las comunidades del PP, el consejero de Castilla y León criticó la tardanza con la que se convocó a las comunidades para abordar este asunto. «Ha sido una convocatoria absolutamente extemporánea y tras, según nos ha confesado la ministra hoy, 36 reuniones con los sindicatos del ámbito», afirmó.

Insistió también Alejandro Vázquez en que en la reunión se puso de manifiesto que el Ministerio de Sanidad no cuenta con el visto bueno de los ministerios de Hacienda y de Función Pública para actualizar el estatuto marco. «Es lo habitual en el Gobierno actual de (Pedro) Sánchez, en el cual una parte está claro que no se habla con la otra», criticó.

Tres años y 38 reuniones después

Aun consciente de «las dificultades y los retos», la ministra afirmó que Sanidad se va a «dejar la piel» en conseguir un texto que lleva ya casi tres años debatiéndose a lo largo de 38 reuniones y que, a día de hoy, se cuenta con un documento «consensuado en un 95 %» con el ámbito, que contiene 116 artículos, 25 disposiciones adicionales y 9 transitorias.

«Pero algunas de las demandas sindicales, como son la revisión de las retribuciones o la jubilación anticipada son inviables, primero porque no son competencia del Ministerio de Sanidad y segundo porque un estatuto marco es un marco general que no habla nunca ni puede hablar nunca de estas cuestiones», dijo. 

Sobre las guardias obligatorias que censuran los médicos, que este miércoles han vuelto a concentrarse a través de Apemyf a las puertas del ministerio para exigir un estatuto propio, García afirmó rotunda que «la atención a la urgencia de la ciudadanía no puede ser voluntaria». «Algunas demandas son inviables porque ponen en jaque a nuestro Sistema Nacional de Salud. Lo podemos llamar guardia, lo podemos llamar como queramos, pero es atención a la urgencia y eso no puede ser voluntario», zanjó.

Amenaza de movilizaciones

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos con representación en el ámbito de negociación preveían cerrar el texto del nuevo estatuto marco del personal sanitario a mediados de este mes, pero la falta de acuerdo no solo está retrasando este documento sino que tras el desencuentro de la última reunión las organizaciones sindicales amenazan con movilizaciones y hasta con una huelga en septiembre si no se incluyen dos de sus reivindicaciones.

El último texto que se remitió para abordar en la mesa de negociación ya incorpora cambios en relación al documento inicial. Por ejemplo, se ha eliminado la obligación de que los médicos residentes, al terminar su formación, estén obligados a cinco años de exclusividad si trabajan en la sanidad pública. Se mantiene este requisito, eso sí, para los jefes y cargos intermedios, como por ejemplo jefes de servicio. El colectivo médico es el más contrario a este nuevo estatuto por varios motivos, que van más allá de esta exigencia de exclusividad. Y es que se mantiene el máximo de 45 horas semanales de trabajo, cuando se está implantando la jornada de 35 horas en el resto del personal, y aunque se recoge en el texto que las guardias se reducirán a un máximo de 17 horas, no se especifica cómo se solventará el resto de la jornada.

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