Las instituciones deberían incentivar y facilitar echar al monte rebaños de ovejas, de cabras o de vacas y recuas de caballos. Pero lo que hacen es dictar normas y leyes absurdas, cuyo efecto es asfixiar el campo y a los campesinos. Para echar al monte un rebaño, una manada o una recua o para tener un perro, hace falta hacer cursos, y para cortar un árbol que impide arar o regar, hace falta pedir permiso y dar mil explicaciones. Los campesinos, cuando por la noche llegan a su casa cansados y con ganas de abrazar a sus hijos y echarse a descansar, tienen que estudiar las ocurrencias de los políticos plasmadas en leyes que les regulan su vida y la de sus animales, y escribir un diario detallado de lo que han hecho ellos y los animales. Dicen que son normas y leyes que vienen de Bruselas, pero los políticos españoles también hacen parte de Bruselas.
El fuego fue una herramienta para mantener limpia la tierra de cultivo y proteger los pastos; hoy es una industria y un arma política. Las comunidades autónomas no piden ayuda, porque quieren demostrar que son capaces de hacer frente a lo que venga, y el Gobierno no acude a tiempo porque quiere demostrar que es el único salvador en caso de catástrofe. Los políticos gestionan las catástrofes con los ojos puestos en los votos. ¿Si los medios son suficientes (desde hace más de una semana), por qué España sigue ardiendo? Vengan a los pueblos y aprenderán lo que hace falta para mantener los montes limpios y acondicionados para que los incendios se puedan apagar. Pero el desprecio que los políticos y los especialistas del fuego sienten por la sabiduría popular es tal que al «contra fuego» de siempre, que ahora prohibieron, le llaman «fuego técnico».
La naturaleza es amiga y enemiga; nos da calor en invierno y nos abrasa y nos achicharra en verano si no la mantenemos a raya. El calentamiento global hace que los fuegos sean más difíciles de apagar y hasta puede atizarlo, pero no prende fuego.