El Gobierno elude tomar una decisión sobre la AP-9: de momento, ni rescate, ni gratuidad, ni tribunales
GALICIA
Responde a las acusaciones de ilegalidad hechas por la Comisión Europea sobre la prórroga de 25 años otorgada a Audasa y avanza que agotará todas las posibilidades de diálogo con Bruselas
17 sep 2025 . Actualizado a las 21:22 h.El Gobierno no tomará de momento ninguna decisión sobre el futuro de la concesión de la AP-9, ni ha optado por rescatarla ni abordar un nuevo plan de bonificaciones para convertirla en gratuita como salidas al proceso abierto por la Comisión Europea por la prórroga del contrato en favor de Audasa que el Ejecutivo de José María Aznar le concedió hasta el año 2048.
El Ministerio de Transportes ha optado por contestar a Bruselas, tras el plazo de dos meses otorgado para evitar la apertura de un proceso judicial contra la Administración española, dando respuesta a las objeciones planteadas por la Comisión Europea en la que España «aportando las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España», señalan fuentes del departamento que dirige Óscar Puente.
«Esta fase no supone todavía el final del procedimiento. Analizaremos los siguientes pasos de la Comisión Europea con este recurso para, llegado el caso, agotar las posibles opciones de respuesta», añaden los mismos testimonios, para insistir también que España está sometida a un proceso con la AP-9 a raíz de una decisión tomada por el PP. En contraposición, el Ejecutivo hace ver que desde el 2018 y hasta final junio de este año con el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho posible que «los usuarios se hayan ahorrado más de 375 millones al circular por la AP-9, en bonificaciones directas o limitando la subida de los peajes».
Origen del proceso
El proceso abierto por la Comisión Europea arrancó en el 2019 con una denuncia planteada por la asociación gallega de consumidores En Colectivo, cuyo presidente, Diego Maraña, tomó como base una sentencia condenatoria que el Tribunal de Justicia Europeo había dictado ese mismo año contra Italia por una decisión similar a la puesta en marcha por el Gobierno de José María Aznar en la AP-9, una ampliación en el período de concesión de la autopista Livorno-Grosseto-Civitavecchia, vial de 242 kilómetros, en favor de la Società Autostrada Tirrenica pA a cambio de ampliar un tramo de la infraestructura que ya explotaba. Como en el caso de la autopista gallega y de la astur leonesa AP-66 (sujeta al mismo procedimiento legal que la AP-9), el alto tribunal comunitario dictaminó que el Estado italiano había vulnerado la directiva europea sobre contratación pública, al ampliar sin un procedimiento de licitación abierto y público las obras y la misma concesión de la autopista.
La Comisión Europea ha reiterado hasta en tres ocasiones que la Administración española no solo vulneró las obligaciones legales en materia de publicidad al prorrogar la concesión de la AP-9 y la AP-66 sin sacar a concurso las obras de ampliación del vial hasta Ferrol y los 25 años a mayores de explotación de la infraestructura de peaje, sino que «España también violó los principios generales de igualdad de trato y de transparencia» al adjudicar directamente las nuevas condiciones al mismo prestador de la concesión sin permitir que otras ofertas mejorasen las condiciones tanto para el dueño de la autopista, que es el Ministerio de Transportes, como para los propios usuarios del vial. «Cambia el equilibrio económico del contrato a favor del adjudicatario del contrato», concluye el órgano comunitario para establecer con contundencia que la AP-9 está, al menos desde hace dos años, en situación de ilegal.
«El principio de transparencia, que se deriva del principio de igualdad de trato, consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia el mercado [...] y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación» No obstante, la Comisión considera que la modificación y la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 «no garantizaron en absoluto una publicidad adecuada».
Bruselas estima que la prórroga concedida a Audasa para explotar 25 años más la AP-9 por el Ejecutivo de Aznar, y que elevó a 75 años el período concesional, alteró «sustancialmente» el contrato por el que se adjudicó la construcción y explotación de la autopista, un real decreto firmado por Franco y su Gobierno en el Pazo de Meirás en 1973 que establecía en 39 años el tope máximo de explotación privada del vial, plazo aumentado primero por el Gobierno de Adolfo Suárez en un año más, y después por el de Felipe González en otros diez antes de que Aznar, con Mariano Rajoy como vicepresidente, ampliase la obligación de pagar peajes hasta el 2048.