
Ayer se perdió otra oportunidad para poner fin a una de las mayores injusticias que sufre Galicia. El Gobierno de España, en lugar de defender a los ciudadanos y aprovechar el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea tras la denuncia de la asociación de consumidores En Colectivo, se ha refugiado en decisiones pasadas y mantiene viva una concesión de la AP-9 vencida desde el 2013.
El Ministerio de Transportes, cuyo plazo para responder a Bruselas expiraba ayer mismo, ha optado por culpar al pasado, maquillar el presente y eludir compromisos de futuro. En lugar de aplicar la resolución de la Comisión, que reconoce la ilegalidad de la prórroga y permitiría anular la concesión y liberar a los gallegos del peaje, ha preferido dilatar el proceso e iniciar nuevas negociaciones sin plazo definido.
Nadie discute que las prórrogas de la concesión fueron errores históricos: la primera ampliación de 10 años por el PSOE y la segunda de 25 años del PP, sino qué está dispuesto a hacer hoy el Gobierno para corregir esa injusticia. Porque, mientras unos se reparten culpas, los gallegos continuamos pagando peajes abusivos que enriquecen a un fondo de inversión holandés y a otro suizo a costa de una infraestructura que debería ser pública.
El argumento de las bonificaciones y descuentos no es una solución real: son medidas coyunturales, sujetas a la voluntad política y a los presupuestos de cada año. La única solución justa y definitiva es anular una prórroga que Europa ya ha señalado como irregular. Todo lo demás son parches para distraer la atención.
La Comisión Europea mantiene abierto el procedimiento, y ahí está nuestra esperanza, pero también nuestra responsabilidad. No basta con esperar a que Bruselas actúe: Galicia necesita que ciudadanía, instituciones y Administraciones unan sus voces para exigirle al Gobierno que cumpla con su deber.
No se trata de un debate partidista ni de tecnicismos jurídicos, sino de igualdad y respeto a los derechos de los ciudadanos. El Gobierno tenía la oportunidad de estar con Galicia, pero ha preferido mirar hacia otro lado y prolongar esta decisión durante años, obligándonos a continuar pagando unos peajes injustamente.