La controvertida gestión de los albergues públicos: cada peregrino que pernocta en Sandiás le cuesta a la Xunta 932 euros
GALICIA
El Consello de Contas cuestiona la planificación de la red autonómica formada por 75 centros, la mayoría de ellos deficitarios, y advierte de que el precio que paga el turista debería subir de los 10 euros actuales hasta los 36
24 sep 2025 . Actualizado a las 09:19 h.Ninguno de los 66 peregrinos que en el año 2023 pagó diez euros por dormir una noche en el albergue público del Concello de Sandiás (Ourense) podría imaginar que su estancia acabaría costándole al erario público autonómico la friolera de 932 euros. La cuenta es bien sencilla: el establecimiento logró ese año unos ingresos de apenas 596 euros y unos gastos para permanecer abierto de 62.604; si se tiene en cuenta el número de pernoctaciones y el déficit que tuvo que asumir la Xunta, el resultado es que, con el dinero de los gallegos, cada uno de esos visitantes podría haberse ido a un hotel de cinco estrellas varios días a pensión completa. Los números acaba de ponerlos encima de la mesa el Consello de Contas, la institución encargada de fiscalizar el sector público autonómico, que ha hecho público un informe en el que cuestiona la gestión de la red pública de albergues, compuesta por 75 centros abiertos los 365 días del año, que ofertan 3.500 plazas. Contas advierte de que, sobre todo, falta una planificación. De los 75 albergues, cerca de sesenta son deficitarios.
Con la excepción de algunos situados en el camino francés (O Cebreiro, Palas de Rei, Portomarín, Arzúa y O Pino) y otros gestionados por convenio (Dumbría, Fisterra o Padrón), la gran mayoría vive a duras penas de la respiración asistida de la Xunta, sobre todo los de la provincia de Ourense. Cada peregrino que pernocta en un albergue público recibe una subvención de la Xunta de Galicia de una media de 27 euros, con un máximo de 932 euros por cada noche en el caso del albergue de Sandiás en Ourense. El nivel de ocupación de los albergues públicos de la Xunta está en el 20% en los gestionados por contrato y del 25% en los gestionados vía convenio. Para conseguir un equilibrio financiero con los precios actuales -sin recurrir a subvenciones públicas- se necesitaría un incremento del nivel de ocupación al 76%. En su trabajo, Contas estima que la autofinanciación del servicio pasa un nuevo precio por noche, que debería fijarse en 36 euros, muy por encima de los diez euros actuales.
La auditoría analiza a la Sociedad Anónima del Plan Xacobeo, cuya función principal en la actualidad es la de gestionar la red pública de albergues, y se concluye que los diez euros que abonan los peregrinos que utilizan los albergues no llegan a cubrir ni un tercio del coste del servicio. «Incluso en una situación de normalidad, el servicio de hospedaje en los albergues públicos de la Xunta de Galicia está fuertemente subvencionado (más de dos tercios de los recursos totales), de manera que una parte relevante del coste de alojamiento de los peregrinos es sufragada por el contribuyente gallego y no por los usuarios del servicio. No existe ningún estudio que justifique ni el precio fijado por la Xunta de Galicia para su cobro en los albergues públicos, ni la oportunidad o racionalidad de que este servicio esté subvencionado, ni de la proporción o intensidad de esta ayuda», critica la institución fiscalizadora.
Contas cuestiona que no existen sistemas de evaluación que permitan conocer el grado de satisfacción del peregrino, como podrían ser la realización de encuestas o el análisis y tratamiento de las recensiones y comentarios en las redes, para tener un conocimiento de la calidad del servicio y analizar cómo influye en la demanda y en el grado de ocupación de la red. El informe constata la debilidad en la planificación de la red de albergues públicos y el empeoramiento del nivel de ocupación a lo largo del tiempo, a pesar del incremento del número de peregrinos.
Contas aprecia incongruencias en el modelo de gestión de albergues vía convenio: existen 13 casos en los que la Xunta cede parte la recaudación (dos tercios de los diez euros que paga el peregrino) y uno, que es el de Pontevedra, en el que le da el cien por cien de lo ingresado. La Administración gallega asume todos los costes.
Respuestas de la Xunta
Sostener la red de albergues públicos deficitarios le cuesta a la Administración gallega algo más de 2,7 millones de euros, según los datos que maneja Contas. ¿Y qué dice el Ejecutivo autonómico? En sus alegaciones al informe, la Xunta recuerda que el objetivo de la red pública de albergues nunca fue desde sus orígenes obtener un «beneficio económico directo por la prestación de este servicio». Además, desde el Gobierno gallego se recuerda que estos establecimientos públicos sirven de red de garantía en invierno para los peregrinos, «cuando la oferta privada se reduce». Y que esta oferta debe entenderse como un elemento distintivo que no puede asimilarse a otros establecimientos hoteleros a lo largo de las rutas a Santiago, lo que requiere una gestión integral de una red extensa, tanto cuantitativamente como geográficamente. Según la Xunta, este modelo de gestión es un espejo a seguir en otros caminos «en distintas partes del mundo» y, además, se hace necesario poner en valor la importancia de fortalecer la «imagen hospitalaria del pueblo gallego en todas las rutas que van a Santiago».