El Gobierno lleva a la Xunta al Constitucional por cambios legales en el eólico y la dependencia

GALICIA

El Ejecutivo considera ilegales dos aspectos de la ley de acompañamiento de los presupuestos, que obligan a repotenciar los parques eólicos y equiparan el grado de discapacidad y el de dependencia
23 sep 2025 . Actualizado a las 20:09 h.El Consejo de Ministros ha aprobado hoy martes, en el último día de plazo, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos autonómicos de este año.
La decisión ha sido anunciada por la ministra portavoz, Pilar Alegría, que concretó que el recurso se dirige contra dos aspectos del texto. Uno es la norma que vincula el grado de discapacidad con el de dependencia para agilizar la gestión de las ayudas.
El Gobierno gallego adoptó esa decisión para aligerar las listas de espera de la dependencia, adoptando un sistema de equivalencias de forma que a un grado de dependencia uno corresponde el de discapacidad del 33 % como mínimo. Al grado de dependencia dos corresponderá al menos un 66 % de discapacidad. Por último, el grado de dependencia tres tendrá su equivalente en un 100 % del grado de discapacidad.
El cambio forma parte del plan de choque para rebajar las esperas en dependencia. Precisamente este lunes, el Gobierno gallego aprobó un informe sobre el funcionamiento de esas medidas, a las que se atribuye que se haya doblado el número de expedientes resueltos.
Sin embargo, Política Territorial ya advirtió en marzo que el texto suscitaba dudas de legalidad. El ministerio invitó a la Xunta a una comisión bilateral para abordar las discrepancias, pero no se llegó a un acuerdo y el asunto será decidido por el tribunal de garantías.
La otra parte recurrida de la ley es que la obliga a las empresas eléctricas a repotenciar los parques eólicos pasado un plazo de 25 años. Ese texto persigue que los molinos sean sustituidos por modelos más potentes, lo que a su vez reducirá su número, ya que debe mantenerse la potencia inicial de cada parque. La estimación de la Xunta es que podrían retirarse hasta 800 aparatos, ya que los aerogeneradores actuales producen mucha más energía que los instalados hace años.
La obligatoriedad no gustó en el sector eléctrico, que pidió ayuda al Gobierno para llevar el asunto al Tribunal Constitucional, como ha sucedido. El Ejecutivo sostiene que choca con «las bases del sector eléctrico con previsiones normativas que colisionan con el derecho estatal». Además, entre otros aspectos, se recurren cambios en la zonificación del plan sectorial eólico que darían a ese texto «una serie de competencias que exceden de la ordenación territorial».
Tras conocerse los recursos, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, consideró «chocante» la decisión del Gobierno de recurrir los cambios en el gestión de la dependencia porque «o Goberno copiou este instrumento» en la reciente modificación de la ley de dependencia por la que el Estado reconoce a quienes tienen «o grado 3 da dependencia o 65% da discapacidade». En Galicia ese porcentaje es del 100 %.
Calvo insistió en que, gracias a la reforma legal efectuada por la Xunta, más de 9.300 gallegos que tenían el grado 3 de dependencia tienen reconocida también la discapacidad.
El conselleiro lamentó que esos «bos resultados» pueden verse afectados por la decisión del Ejecutivo, que amenaza con «paralizar» el plan de choque para reducir las listas de espera, mientras se siguen sin abonar a la Xunta los «máis de 2.500 millóns que [o Estado] debe pola lei de dependencia».
El conselleiro consideró que esas decisiones van «afectar á tramitación» de las ayudas, más aún si el tribunal atiende a la petición del Gobierno de paralizar las medidas recurridas.
En cuanto al recurso contra la normativa eólica, Calvo criticó que el Gobierno se dedique a «torpedear» las medidas para reducir el impacto visual y «aumentar» los beneficios sociales de los aerogeneradores.
Calvo lamentó que el Gobierno no «atendese a explicacións» en las conversaciones previas a presentar el recurso.
Es la segunda vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva a la Xunta de Alfonso Rueda al Constitucional, el anterior pulso fue por la ley del litoral y el tribunal dio la razón al Gobierno autonómico.