La decisión tomada este lunes desbloquea el debate sobre la transferencia, pero el proceso se retrasó tanto las anteriores veces que acabó decayendo
22 oct 2025 . Actualizado a las 09:12 h.El 11 junio del 2024 el Congreso de los Diputados escuchó los argumentos de los tres parlamentarios de la Cámara gallega desplazados a Madrid a defender por cuarta vez en ocho años la transferencia de la AP-9 a la Xunta. La Cámara Baja aceptó entonces abrir un debate sobre la petición gallega, e incluso hacerlo de manera urgente. Al final, han pasado desde entonces 497 días en los que el consenso para debatir el traspaso y su urgencia fueron olvidados hasta este miércoles, cuando se levanta el veto tras 45 prórrogas para presentar enmiendas.
¿Qué falta para aprobar la transferencia de la AP-9?
La decisión tomada este lunes por la Mesa del Congreso desbloquea el debate planteado desde el Parlamento gallego, pero de manera más teórica que práctica. Las enmiendas que hasta hoy se puedan presentar al articulado de la proposición se sumarán a las propuestas que los miembros de la ponencia que se constituya en la Cámara Baja planteen para cerrar el texto que finalmente sea votado. Antes, la Comisión de Transportes del Congreso tiene que elegir a los miembros de la ponencia, estos definir cómo podría realizase la transferencia y dicha propuesta ser votada en la comisión, luego en el Pleno y más tarde en el Senado.
¿Dará tiempo antes de las elecciones generales?
Las tres veces anteriores que la petición unánime del Parlamento gallego llegó al Congreso, las prórrogas para la presentación de enmiendas y la creación de la ponencia (tardó 520 días en constituirse en el 2021) dilataron tanto la posibilidad de entrar en el fondo del debate que decayó por la convocatoria de las elecciones generales, obligando a reiniciar la petición por parte de la Cámara gallega. Como muy tarde, las generales deberían celebrarse en junio del 2027, lo que daría tiempo a consensuar el texto de la transferencia y votarlo. Pero en las ocasiones anteriores un margen semejante no fue suficiente, y la amenaza del adelanto electoral vuelve a estar presente.
¿Qué postura tiene cada grupo parlamentario?
El PP y el PSOE se han mostrado en contra de la transferencia de la autopista a la Xunta cuando tuvieron el Gobierno. Esa postura está directamente relacionada con la obstrucción que ha sufrido en el Congreso desde el 2016 la petición de traspaso. En Galicia, en cambio, los dos partidos y el BNG han coincidido siempre en respaldar la petición de transferencia.
¿Cuál es la opinión del actual Gobierno?
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado abiertamente en contra de la transferencia de la autopista a la Xunta, al advertir un difícil encaje jurídico por ser una infraestructura clasificada de interés general por estar integrada en la red de conexiones internacionales europeas (remata en las proximidades de la frontera con Portugal), pero, sobre todo, por estar bonificados sus peajes hasta en un 75 % con cargo a las arcas del Estado.
Puente estima como muy complicado ceder la titularidad de una autopista en la que el principal cliente y pagador seguiría siendo su ministerio. Mantiene que lo que les importa realmente a los conductores gallegos es que la autopista esté bonificada y tienda hacia su gratuidad, y no tanto quién sea el titular de la infraestructura.
¿Se han transferido otras autopistas en España?
Sí. La AP-8 fue transferida a la Administración vasca en 1999 por el Gobierno de José María Aznar. El Ejecutivo de Pedro Sánchez traspasó en plena campaña electoral del 2019 al Gobierno del País Vasco el tramo de la AP-68 que une Bilbao con el límite de Álava con Burgos. Pero fue Cataluña la pionera en reclamar el traspaso de autopistas y lograrlo. Fue en 1995 cuando el Gobierno de Felipe González cedió a Jordi Pujol la autopista fronteriza AP-17 y también la AP-19, convertidas por la Generalitat en las C-32 y C-33.