El PSOE desvela en el Congreso su oposición a transferir a la Xunta la titularidad de la AP-9
GALICIA
Recupera su argumento de hace cuatro años de que se «garantiza» mejor el mantenimiento de las bonificaciones de la autopista si el Estado conserva la propiedad del vial
22 oct 2025 . Actualizado a las 18:36 h.El PSOE no ha variado prácticamente en cuatro años su rechazo a ceder a la Xunta de Galicia la titularidad de la autopista AP-9. Así lo ha vuelto a poner de manifiesto hoy en el Congreso de los Diputados su grupo parlamentario al presentar por registro sus enmiendas a la proposición de Ley aprobada hasta en cuatro ocasiones desde el 2016 por el Parlamento de Galicia, siempre con el voto a favor de los parlamentarios del PSdeG.
«Se considera más adecuado, para garantizar que se siga aplicando (un) esquema de bonificaciones amplio y equilibrado, plantear una transferencia de determinadas facultades sobre la administración y la explotación de la infraestructura manteniéndose, en principio, la titularidad por parte de la Administración General del Estado», defiende el PSOE en sus alegaciones actuales, tras 45 aplazamientos al plazo de presentación de enmiendas y transcurridos 498 días desde que la Cámara Baja decidió tramitar la petición gallega por procedimiento de urgencia.
Los argumentos defendidos por el PSOE en sus enmiendas reproducen básicamente los esgrimidos en el 2021 ante la misma petición, que acabó por no desarrollarse al disolverse las Cortes por la última convocatoria de las elecciones generales. El PSOE, eso sí, aunque rechaza la transferencia, se abre de nuevo a transferir a la Xunta «competencias sobre la administración y explotación de la autopista», concretando que «será necesario solicitar por parte de la Administración General del Estado informe a la Comunidad Autónoma de Galicia en relación con el contrato de concesión mediante el que se explota la autopista, de forma previa a que el Estado modifique el contrato en cualquiera de sus formas, siempre que la modificación conlleve una ampliación del plazo, un incremento en las tarifas a abonar o una reducción en las bonificaciones aplicadas a estas». El posicionamiento de la Xunta carecerá, en todo caso, de obligatoriedad en su seguimiento por parte del Ministerio de Transportes pues no se le da nivel de obligado cumplimiento.
El PSOE propone igualmente que la Xunta pueda proponer sanciones a la concesionaria, Audasa, o plantear modificaciones de las tarifas de peajes, su supresión o aplicación de descuentos.
Ni el PP ni el BNG han presentado enmiendas al articulado de la proposición no de ley del Parlamento gallego, ambas formaciones con el mismo objetivo, tratar de propiciar un corto desarrollo de la tramitación de la petición de transferencia en la ponencia que elaborará el texto que tendrá que ser debatido y aprobado después en la comisión de Transportes del Congreso, y después por el pleno de la Cámara Baja.