La OCU denuncia la tasa de basuras de los ayuntamientos ante la Comisión Europea

Adrián Valiño / M. S. REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

BASILIO BELLO

La entidad ha pedido que se evalúen los nuevos impuestos y se aplique correctamente la aplicación de la legislación europea

28 oct 2025 . Actualizado a las 19:43 h.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció ante la Comisión Europea que la tasa de basuras aplicada por distintos ayuntamientos, entre ellos Lugo, Ourense y Pontevedra, puede estar incumpliendo la directiva europea en materia de residuos, cuyo principio es «quien contamina paga». A su vez, la entidad pidió que se evalúe si la transposición realizada por todos los municipios de España se ajusta al contenido y espíritu de la regulación. Además, reclamó que, en el caso de detectar algún incumplimiento, se inste a iniciar el procedimiento correspondiente de entre los contemplados en la legislación europea para dar cumplimiento a la normativa vigente de residuos.

A nivel nacional, la OCU recordó que dicha transposición se llevó a cabo mediante la aprobación de la Ley 7/2022, donde se establece «la obligación para los municipios de más de 5.000 habitantes de establecer una tasa de gestión de los residuos que reflejara el coste real de la gestión aplicando el citado principio». A pesar de esto, la entidad realizó unos estudios que manifiestan que algunos concellos aplican una tarifa fija todos los contribuyentes, de manera que no refleja el coste real del servicio ni aplica el principio del que contamina paga. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, esta cuota se calcula según el valor catastral de la vivienda, lo que puede resultar discriminatorio y alejado del coste real del servicio.

Para los usuarios que se sienten perjudicados por esta tasa y quiere recurrir, la OCU recuerda que los ciudadanos tienen un mes para impugnarla y los recursos pueden interponerse bien ante la Agencia Tributaria municipal o directamente ante el Tribunal Económico -Administrativo del ayuntamiento correspondiente-. En ambos casos, solo es necesario presentar la copia de la licitación y no se requiere intervención de un abogado o procurador.