El Supremo condena a Audasa a devolver parte de los peajes cobrados durante las obras de Rande
GALICIA
Rectifica a la Audiencia Provincial y establece como beneficiarios a los usuarios que transitaron durante los 81 incidentes que causaron retenciones de tráfico entre el 2015 y el 2018
29 oct 2025 . Actualizado a las 10:03 h.Audasa, concesionaria de la autopista AP-9 incurrió en una «práctica abusiva» al cobrar el peaje íntegro a los usuarios del vial cuando la infraestructura se vio colapsada durante la realización de las obras de ampliación del puente de Rande entre febrero del 2015 y junio del 2018. Así lo acaba de considerar el Tribunal Supremo en una sentencia que corrige la dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, que a su vez había impugnado el fallo del Tribunal Mercantil de la misma ciudad que le daba la razón al Ministerio Fiscal en su denuncia contra la concesionaria.
Admite el Supremo «la abusividad de las prácticas no consentidas» al llevar a cabo Audasa el cobro íntegro de los peajes pese a no poder dar el servicio contratado con las condiciones que se suponen a una autopista al que obliga automáticamente el pago de sus peajes. La sentencia indica que no hubo la suficiente información previa al acceso a la AP-9 que indicase las retenciones que vivía a causa de las obras la infraestructura.
«La concesionaria de la autopista cobra íntegramente el peaje, pese a la realización de obras que entorpecen una circulación fluida, constituye una práctica no consentida expresamente», advierten los magistrados cuya sentencia ha dado a conocer esta tarde el Supremo. Los mismos aluden a hubo posición de abuso por parte de la concesionaria ya que esta «debió cumplir con la información previa (de la situación del vial) a la aceptación por el usuario, señalizando con la antelación suficiente, no solo la realización de las obras, sino también la incidencia que estas podían tener en la fluidez de la circulación».
Determina de manera definitiva el alto tribunal que los usuarios de la AP-9 «no consintieron la práctica de cobrarles íntegramente el peaje pese a la defectuosa prestación del servicio, porque no tuvieron la facultad de decidir, al no haber dispuesto de la información pertinente sobre la incidencia del tráfico».
Dicho abuso, a juicio del Tribunal Supremo determina «un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que derivan del contrato (distorsiona el justo equilibrio contractual), en perjuicio del consumidor o usuario, y una falta de reciprocidad, que resulta contraria a las exigencias de la buena fe».
El fallo establece que Audasa deberá devolver los peajes a los conductores implicados en los 81 incidentes de tráfico probados durante el desarrollo de las obras. Estos podrán instar que se les reconozca como beneficiarios de la condena, y para ello deberán acreditar su condición de consumidores mediante los documentos que estimen oportunos (como informe de vida laboral, publicación en boletín oficial de nombramiento como funcionarios, resolución o comunicación que acredite la condición de pensionista...); como segunda prueba una acreditación de que circularon por tramos de la AP-9 afectados por las 81 incidencias reconocidas durante las fechas y franjas horarias subrayadas (recibo del peaje, extracto del telepeaje) , y por último, acreditación de las cantidades concretas abonadas por peajes en esos tramos afectados por las 81 incidencias.
Finalmente, se descarta la extensión del cobro indebido a las 202 retenciones apuntadas por el Ministerio Fiscal, atendiendo a las que causaron interrupción del tráfico, circulación difícil, muy lenta y con paradas frecuentes y prolongadas, y las que originaron un tránsito irregular y lenta con paradas esporádicas.
Además del Ministerio Fiscal, el fallo recurrido ante el Supremo también contó con la adhesión de Adicae y la asociación de consumidores viguesa En Colectivo.
El Gobierno advierte que debe cumplir el contrato con Audasa
La secretaria general del Transporte Terrestre, Rocío Báguena, aseguró hoy en el Congreso que la situación de la AP-9 es la de una autopista sujeta a un contrato concesional en vigor con una duración de 75 años y «con unas tarifas establecidas que deben de cumplirse, no siendo viable proceder al rescate de la concesión por el altísimo volumen de gastos que ello supondría, inasumible por la Administración y con efectos claros lesivos para el Estado». Durante su comparecencia ante la comisión de Transportes de la Cámara Baja, la alto cargo del ministerio advirtió que desde el 2018 los usuarios de la AP-9 han evitado pagar más de 376 millones de euros en peajes a cuenta de las bonificaciones implantadas por el actual Gobierno desde entonces.
«La Comisión Europea ha emitido un dictamen que no es vinculante y tendrá que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que siente si ha habido o no ilegalidad en la decisión que se tomó en el año 2000», añadió Báguena respecto a la prolongación de la concesión de la AP-9 en 25 años hasta el 2048 y su posterior privatización, ambas a cargo del Gobierno de José María Aznar.
La responsable de Transporte Terrestre echó en cara al PP que pese a contar con mayoría absoluta en el Congreso entre 2012 y 2016 no hubiese aprobado ninguna proposición para transferir a la Xunta la titularidad de la AP-9, como ahora reclama. En todo caso, Rocío Báguena defendió el interés general de la autopista gallega para justificar que se mantenga dentro de la red de carreteras del Estado.
La intervención de la alto cargo del ministerio se produjo en contestación a una pregunta formulada en la comisión de Transportes del Congreso por el diputado del PP Celso Delgado, quien cargó contra la oposición del PSOE a transferir a la Xunta la autopista, pero instó a permitir un debate al respecto sin injerencias del Gobierno en la ponencia que se va a constituir para establecer un texto con el que el pleno deberá votar si apoya que se traspase o no la AP-9 a Galicia.
Delgado también exigió del Gobierno el rescate de la autopista y a eliminar sus peajes, aprovechando el dictamen de la Comisión Europea que cuestiona la última de las prórrogas otorgadas a la concesionaria. Según el diputado, el rescate sería más barato que lo que resta por pagar en peajes y bonificaciones a Audasa.