La medida presidencial abre las puertas para que sean juzgados en España.
26 jul 2003 . Actualizado a las 07:00 h.El presidente Néstor Kirchner, en un gesto de apertura inusual en los últimos mandatarios argentinos, derogó ayer el decreto de necesidad y urgencia 1581 que el 5 de diciembre del 2001 impusiera Fernando de la Rúa y que impedía extraditar a otros países a ex represores. Así lo anunció el jefe de Gabinete, Alberto Fernández: «De este modo se reafirma la decisión del Poder Ejecutivo de que en el tema de extradiciones debe intervenir y resolver la Justicia», dijo el ministro. Y precisamante ayer, comenzó en Argentina la búsqueda y detención preventiva de 45 militares y un civil para los que el juez Baltasar Garzón pidió a la justicia local su extradición. Detenciones Uno de los mencionados en la lista, el ex ayudante y miembro del servicio de inteligencia de la Prefectura Naval, Juan Antonio Azic, denunciado como torturador en la Escuela de Mecánica de la Armada con los seudónimos de Claudio y Piraña, intentó quitarse la vida en la madrugada de ayer, en el puerto de Buenos Aires. El militar se disparó un tiro en la boca con una escopeta. Su estado es reservado. Se le encontró una carta, que fue remitida al juez. Otro de los buscados por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, el capitán de navío Alfredo Astiz, fue detenido anoche por personal de la Marina en Buenos Aires. Está condenado a cadena perpetua en Francia por la muerte de dos religiosas galas. Y reclamado por Italia y Suecia. El alcalde de Tucumán, el general Antonio Bussi, se entregó al Estado Mayor en Jefe del Ejército, en Buenos Aires. Queda en arresto domiciliario por tener más de 70 años. Canicoba Corral decidió que no va a autorizar ninguna petición de los abogados que busque eximir de prisión a los detenidos. El teniente coronel Luis Jorge Arias Duval, involucrado en el secuestro, desaparición y muerte de un grupo de militantes montoneros e incluido en el exhorto de Garzón, fue coincidentemente detenido en Buenos Aires el jueves por la noche por orden del juez Claudio Bonadío. En el mismo juzgado se le notificó el requerimiento solicitado desde España. Ayer, eran al menos diecisiete los militares apresados. «La (derogación del decreto) recibí con mucha expectativa, mucha sorpresa. Lo tomé gratamente porque es un paso adelante que se logra con justicia», dijo la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.