La «exportación» de niños deja al año 200 millones de dólares a las mafias
17 dic 2007 . Actualizado a las 02:00 h.La Ley de Adopciones aprobada esta semana por el Congreso de Guatemala pone fin a un millonario negocio que beneficia a abogados, notarios y a una red de mafiosos dedicados a buscar mujeres de escasos recursos para que den sus hijos en adopción. La normativa, que viene a cumplir con los requisitos del Convenio de La Haya en materia de protección de la niñez, entra en vigor el próximo enero y deja al margen las denominadas adopciones «notariales» que realizaban abogados y notarios.
Dirigentes del Movimiento de Derechos Humanos de la Niñez calificaron de «positiva» la aprobación de la ley, «porque los niños dejarán de ser un producto de exportación», que dejan al año unos 200 millones de dólares en ganancias a las mafias.
«Guatemala es el primer país en el mundo en adopciones de bebés. Haciendo la comparación con China, un país muchísimo más grande que da menos niños en adopción». Entre enero de este año y el pasado 3 de diciembre se autorizaron 5.110 adopciones, 5.000 de ellas a familias de Estados Unidos.
El mercado de adopciones en Guatemala tiene detrás una gran red que involucra a abogados, notarios y captadores , que convencen a jóvenes mujeres de pocos ingresos a dar sus hijos en adopción. Muchas de las madres, en su mayoría solteras, aceptan la propuesta a cambio de dinero o por asistencia sanitaria.
Sin ninguna supervisión
Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Casa Alianza, el 97% de las adopciones son realizadas a través de notarios que actúan sin ninguna supervisión. El procedimiento de adopción vigente hasta el 31 de diciembre permite a cualquier abogado presentar la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), que evalúa los documentos de los involucrados.
Son los juzgados de menores los que autorizan la adopción, tras analizar la información provista, que incluye pruebas de ADN de los padres biológicos y su consentimiento con el proceso. Se incluyen datos de la familia que solicita la adopción, su situación económica y su «compromiso» de que el niño no será utilizado para el trasplante de órganos.
Por cada una de esas adopciones, los abogados cobran unos 25.000 dólares, «un gran negocio», según comentó Haroldo Oquendo, de la Asociación contra el Maltrato Infantil.
La nueva norma prohíbe obtener beneficios durante los procesos de adopción, de forma directa o a través de instituciones, y establece la figura del juez de la niñez y adolescencia que, a través de una declaración judicial, deberá determinar la adopción después de un proceso que examine los aspectos sociales, psicológicos y médicos de un niño y de verificar la imposibilidad de reunirlo con su familia.
Además establece que la situación de pobreza o extrema pobreza de los padres no constituye motivo suficiente para dar en adopción a un niño y que el adoptado no perderá la nacionalidad guatemalteca.
El Consejo Nacional de Adopciones (CNA), creado por esta ley e integrado por un miembro del Supremo, otro de la Cancillería y uno de la Secretaría de Bienestar Social, será a partir de enero el responsable de la aprobación de los padres adoptivos. Al respecto, Enrique Urízar, de una asociación que rechaza la ley, sostiene que la legislación dejará a unos 1.500 niños «a la deriva», porque las instituciones estatales no tienen capacidad para atenderlos.