Los socialistas tildan de Watergate a la francesa el espionaje al diario «Le Monde»
INTERNACIONAL
La ley limita las escuchas a la seguridad nacional, el terrorismo y la delincuencia organizada.
15 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Gobierno francés intentó ayer dejar al presidente libre de toda sospecha y defender su derecho a descubrir al «funcionario desleal» que filtró al diario Le Monde las declaraciones ante el juez de los implicados en el escándalo Bettencourt. Pero el organismo que controla la legalidad de los pinchazos telefónicos lo duda.
La Comisión Nacional de Control de Intercepciones de Seguridad no fue consultada como es preceptivo y su director general sostiene que, de haberlo sido, su decisión no hubiera sido favorable a autorizar la caza de una fuente periodística. La ley limita las escuchas a la seguridad nacional, el terrorismo y la delincuencia organizada.
El periódico prepara una querella por «violación del secreto de fuentes». Los servicios de contraespionaje han reconocido haber obtenido un listado de las llamadas hechas y recibidas desde el móvil por David Sénat, el alto funcionario del Ministerio de Justicia que se fue de la lengua.
Debate en la Asamblea
El ministro del Interior, Brice Hortefeux, se empleó a fondo en la Asamblea Nacional para desmentir que fuera Sarkozy quien encargó a los servicios secretos que identificaran al traidor. «No ha habido ninguna consigna, ninguna petición del Elíseo, ninguna petición de escuchas y ninguna escucha», respondió a la pregunta formulada por los socialistas: «¿Los servicios secretos han sido utilizados por el poder para proteger intereses particulares?».
No sería la primera vez. A principios de año, los servicios de contraespionaje reconocieron haber efectuado otra investigación confidencial para llegar hasta la fuente de los rumores sobre la infidelidad de Carla Bruni que se difundieron a través de Internet.
Los socialistas lo han bautizado como «Watergate a la francesa» y exigen que se aclare este «atentado contra el buen funcionamiento del Estado de derecho», porque «si ha habido tráfico de influencias hay que saberlo y los periodistas tienen el deber de contarlo».
Por su parte, el Gobierno insiste en que «todo funcionario está sometido a la obligación de guardar secreto profesional». Este ha sido trasladado a La Guyana.