Los jueces estrechan el cerco al presidente con más pruebas
30 sep 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Nicolas Sarkozy se ha convertido en el presidente en ejercicio más impopular de la historia de la V República, mientras los jueces continúan reuniendo pruebas que comprometen a algunos de sus más próximos colaboradores.
A siete meses de las presidenciales, solo un 24% de los franceses confían en Sarkozy. Según el sondeo TNS Sofres, la ultraderechista Marine Le Pen le supera en dos puntos con un 26 %. Otros tantos separan a los socialistas François Hollande y Martine Aubry, con un 45 y un 42 % de buenas opiniones.
Reanud van Ruymbeke, que instruye el escándalo Karachi, tiene en su poder un documento altamente comprometedor para quienes organizaron la campaña de Edouard Balladur en 1995, cuando Sarkozy era su portavoz y ministro de Presupuesto.
Se trata de los comprobantes de la venta de fragatas a Arabia Saudí en diciembre de 1994. El juez ha descubierto que el Ministerio de Defensa pidió a Damasco una señal de 10 millones de francos que se hizo efectiva el mismo día que esa misma cantidad engrosaba la cuenta de campaña del entonces primer ministro y candidato a la presidencia.
En defensa de Sarkozy ha salido uno de los principales protagonistas de este caso de presunta financiación ilegal. El hombre de negocios libanés Ziad Takieddine pidió ayer que se levante el secreto de defensa que pesa sobre los contratos de armamento firmados con saudíes y pakistaníes para poder «demostrar mi inocencia y la de Sarkozy». Takieddine se dice próximo del jefe del Estado y elogia «la dignidad de esta persona, que ha controlado toda mi actuación desde 1993».
En el otro escándalo que salpica a los hombres del presidente, el de las donaciones de la millonaria Lilianne Bettencourt para la campaña del 2007, la juez Sylvia Zimmermann está decidida a procesar al fiscal de Nanterre. Philippe Courroye habría ordenado espiar el registro de llamadas de los periodistas de Le Monde para identificar sus fuentes. La magistrada ha llamado también a declarar al director general de la policía y al director de los servicios secretos.