Sarkozy comparece en el inicio del juicio por la financiación de su campaña por parte de Gadafi
INTERNACIONAL
Enfrenta una pena máxima de diez años de prisión
07 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Es una imagen habitual estos últimos años en Francia, pero no por ello resulta menos relevante. El expresidente francés Nicolas Sarkozy se sentó este lunes en el banquillo de los acusados en el arranque del juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña del 2007 por la dictadura libia de Muamar el Gadafi.
En el Tribunal de París, lo acompañaron tres ministros durante su presidencia (2007-12): Éric Woerth, Brice Hortefeux y Claude Guéant.
Ellos tres también están entre los doce acusados por la considerada, según la prensa gala, como la trama «quizás la más loca y grave de la Quinta República». Los cuatro se sentaron juntos. Fue la imagen de la jornada.
Como suele suceder en este tipo de juicios, el arranque estuvo marcado por cuestiones de procedimiento. Los abogados de Sarkozy y Hortefeux pusieron en duda la competencia del tribunal parisino para juzgarlos por este caso.
Según sus letrados, los hechos por los que los juzgan -los magistrados sospechan que el entonces líder conservador y su entorno recibieron varios millones de euros por parte de la dictadura de Gadafi- se iniciaron en el 2005, cuando ambos ejercían como ministros. Por consiguiente, consideran que debería juzgarlos la Corte de Justicia de la República, un tribunal especial formado por políticos y que suele ser más benigno.
Procedimiento alargado
Las cuestiones de procedimiento está previsto que duren a lo largo de esta semana. Si los jueces las desestiman, empezará el transcurso normal del proceso hasta el 10 de abril. Sarkozy se enfrenta a una posible pena máxima por un delito de corrupción: diez años de prisión, cinco de inhabilitación y una multa de 375.000 euros.
El expresidente conservador ha sido condenado ya en dos ocasiones, y una de ellas tiene carácter definitivo, después del dictamen hace un mes del Tribunal Supremo, con una pena firme de un año de cárcel por un caso de corrupción y tráfico de influencias, que podrá cumplir en arresto domiciliario con un brazalete electrónico.