La Justicia frena el plan de MIlei de privatizar el Banco Nación, la mayor entidad bancaria pública de Argentina
INTERNACIONAL
El juez Alejo Ramos Padilla suspendió cautelarmente el decreto, mientras que un tribunal federal de La Plata remarcó que el decreto pretende «eludir la voluntad del Congreso»
26 feb 2025 . Actualizado a las 05:00 h.No son los mejores días para el gobierno de Javier Milei que, en medio del Criptogate, acaba de recibir un nuevo revés: el juez Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar contra el Decreto 116/25 firmado por el presidente. Con esta medida se convertía al Banco Nación (BNA) en sociedad anónima, y se abrían las puertas para una posible privatización de la entidad financiera pública más grande de Argentina.
Además, la justicia federal de La Plata prohíbe toda acción administrativa que tienda a la implementación del decreto hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El escrito cuestiona la nueva titularidad del banco, al señalar que «este decreto es un intento solapado de eludir la voluntad del Congreso de la Nación, que ya rechazó en dos oportunidades la inclusión del BNA dentro del régimen de privatización».
La medida cautelar fue dictada en el marco de una causa en la que se cuestiona la legalidad de la privatización del organismo público. En su momento, la Ley 27.742 o ley Bases, explícitamente dejó al Banco Nación fuera de la lista de entidades sujetas a privatización: «Tras un acuerdo parlamentario y luego de la fuerte oposición de los trabajadores y sectores de la sociedad», remarca el texto rubricado por Ramos Padilla.
El decreto del Gobierno también mencionaba las facultades extraordinarias delegadas por la Ley 27.742, pero el juez señala que en esta medida «el Poder Ejecutivo Nacional podría haber excedido los límites establecidos por el Congreso de Nación al realizar la delegación de facultades».
«Celebramos el fallo del Juez Alejo Ramos Padilla», sostuvo Sergio Palazzo, titular del sindicato mayoritario de empleados bancarios, quien hace unos días repudió la medida del Gobierno, y anunció un plan de acción en contra del decreto y en defensa de la banca pública. Por lo demás, Ramos Padilla le solicitó alGobierno que informe en el expediente cuál es el interés público que justifica la medida.