Los trabajadores de Sykes a los que la empresa rescindió contratos por obra, basados en la reducción de la carga laboral en diferentes campañas, presentaron demanda ante la autoridad laboral. Son unos 130 operarios, asignados a diferentes campañas de Telefónica y de Vodafone. Los últimos veinte dejaron la empresa el pasado lunes, según informó la presidenta del comité de empresa de empresa, Lucía Varela, quien insistió en que los esfuerzos de las últimas semanas para reunirse con la empresa fueron infructuosos.
El primer juicio por las demandas presentadas por los trabajadores de Sykes está fijado para el próximo día 25, a la una de la tarde, en el Juzgado Social número uno. Se trata de trabajadores asignados a campañas de Telefónica a los que rescindieron el contrato a finales del pasado mes de marzo, cuando la empresa estaba tramitando la autorización de un expediente de extinción de contratos. En el caso de Lugo la Xunta no lo aceptó por considerar que no existían razones económicas ni justificaban la reducción de registros que la empresa alegaba para solicitar el ERE.
Precisamente el informa del Xunta en el que no autoriza el expediente de extinción de contratos en Lugo es el que van a argumentar los trabajadores en las demandas presentadas ante la autoridad laboral, dado que las razones alegadas por la multinacional de telemárketing son las mismas que las esgrimidas ante la Xunta.
Mismas razones
Según Lucía Varela, las razones alegadas en el ERE y en las comunicaciones de la extinción de la relación laboral en los contratos por obra son las mismas.
Además del juicio fijado para el próximo día 25, también hay vistas previstas en el mes de julio y en septiembre, todas ellas por el mismo tipo de demandas, aunque corresponden a campañas diferentes.
Sykes ahora cuenta, según Varela, con una plantilla de 300 trabajadores, cuando a principios de este mismo año trabajaban en el centro de O Ceao 450 operarios, la mayoría de ellos mujeres.
Los afectados en todos los casos reclamaron la improcedencia del despido ante el juez. La empresa entregó a los afectados por contratos de obra cartas comunicando la extinción de la relación laboral en las que fijaban la indemnización que le correspondía a cada uno en ocho días de salario por año trabajado. Esta cantidad está relacionada con el tipo de contrato.