La Fiscalía tiene que decidir ahora si pide una condena por maltrato animal
11 abr 2017 . Actualizado a las 21:49 h.La jueza que investiga lo sucedido en la granja de Chantada en la que murieron 39 vacas cree que en la actuación del ganadero hay indicios de un delito de maltrato animal. Un año después de que se conociese lo que había pasado, el juzgado de Chantada ya tiene en su poder todas las pruebas que ha querido recabar y ahora solo falta saber si la Fiscalía presenta una acusación formal y en qué términos lo hace.
La titular del juzgado de instrucción de Chantada considera que el dueño de la granja dejó de proporcionar la atención y alimentación adecuadas a las 63 reses que tenía en su granja de la aldea de Axulfe. En el auto, firmado a finales del mes pasado, la jueza no especifica cuándo pudo empezar el propietario a comportarse así, pero descarta que pudiese tratarse de un simple descuido y califica su actuación como deliberada.
Vivos y muertos
Cuando a mediados de marzo del año pasado los agentes del Seprona y los inspectores de la Xunta entraron en la granja se encontraron con los cadáveres de 39 vacas, entre las que había ejemplares adultos y también jóvenes. El auto judicial describe cómo las veinticuatro restantes seguían vivas pero en unas condiciones físicas lamentables, con deformaciones físicas que los especialistas que prestaron declaración en el juzgado consideran las habituales tras un período prolongado de alimentación deficiente.
La jueza recoge también en esta resolución que los animales que no habían muerto padecían sarna y presentaban úlceras en la piel y que en la nave central de la granja había zonas con medio metro de porquería acumulada, que la fosa de purín rebosaba y que la parrilla del suelo había sido levantada en algunos puntos, con el peligro que suponía para las reses. Todos los ejemplares fueron finalmente sacrificados, a pesar de las protestas de grupos de defensa de los animales, que se ofrecían para hacerse cargo de ellos.
Este auto del juzgado de Chantada confirma el final de la investigación, pero no el de la instrucción del caso. La resolución abre un plazo de diez días para que la Fiscalía y la acusación particular presenten escritos en los que deberán pedir la apertura de juicio o que la causa sea archivada. Después, empezará a contar otro plazo similar para que la defensa del procesado haga lo mismo.
La defensa asegura que el ganadero se vio superado por la crisis del sector
El caso de la granja de Axulfe fue el primero de tres que se sucedieron en unos pocos días hace un año. Entre finales de marzo y principios de abril, el Seprona entraba en esta explotación ganadera y en otras dos de Friol y Boiro en las que había animales muertos o en muy mal estado. La Xunta se apresuró a calificarlos como casos aislados y a desvincularlos de la crisis del sector lácteo. Sin embargo, la crisis es el argumento central de la defensa del procesado. Su abogado lo describía hace un año tras su primera declaración en el juzgado como un ganadero experimentado pero acuciado por la crisis que a finales del 2015 tuvo que suprimir el pienso de la alimentación de sus vacas para alimentarlas solo con hierba.
La última revisión de la granja se llevó a cabo dos años antes del hallazgo de los cadáveres
«Que la jueza crea que se trata de un caso de maltrato animal es importante, y no solo por el espaldarazo que supone para quienes luchamos contra este problema». Lo dice Víctor Valladares, el abogado que ejerce la acusación particular en este caso en representación de los refugios de animales que se ofrecieron en su día sin éxito a hacerse cargo de las vacas supervivientes. Valladares espera que este suceso obligue a la Xunta a modificar los protocolos que aplica para controlar las condiciones en las que viven los animales de explotaciones ganaderas.
Este abogado asegura que algunas de las diligencias realizadas durante el último año por el juzgado de Chantada revelan lo que él considera deficiencias en este sistema de control. Se refiere en concreto a la solicitud de información remitida por la jueza a la Consellería de Medio Rural sobre las revisiones realizadas en esta granja en los meses previos al descubrimiento de lo que ocurría allí. Resultó que la última visita de un inspector enviado por de la consellería había sido dos años antes.
Otro delito
La acusación particular considera que en lo ocurrido en Axulfe no hay indicios únicamente de un delito de maltrato animal, sino también de otro contra la salud pública. En el auto que acaba de dictar el juzgado como paso previo a la posible apertura de juicio oral, solo recoge el de maltrato. Valladares no tiene intención de recurrir esta decisión para que se incluya también el segundo delito y probablemente pida condena solo por maltrato.