El exministro sigue pendiente del Supremo y el exconselleiro asegura que el juzgado lleva medio año sin mover un papel de su asunto
30 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Dos políticos lucenses con idéntico apellido transitan por la vía lenta de la justicia. José Blanco, exministro de Fomento y Fernando Blanco, exconselleiro de Industria fueron atrapados por el sunami de la Campeón y, de momento, ni han logrado ponerse a salvo, ni tampoco consiguen que la tramitación de sus casos vaya más aprisa. El Supremo, que es quien se ocupa del socialista de Palas de Rei, lleva un año de diligencias. El nacionalista, por su parte, está en manos de la jueza de la Pokémon y de la Carioca. Su abogado se queja porque, desde hace medio año, no tiene constancia de que non se «levara adiante actividade instructora ningunha».
La instrucción relativa a la presunta entrega de dinero por parte del empresario Dorribo al primo fontanero del que fuera titular de la cartera de Fomento no está cerrada. Al instructor del Supremo le quedan todavía algunos cabos más que atar. Faltan informes, según diversas fuentes. De todos modos, a José Blanco ya le queda menos para saber cuál va a ser su futuro judicial. En un par de meses José Ramón Soriano, el instructor, podría resolver, e incluso lo podría hacer antes.
Blanco, el socialista, no sabe si su asunto será archivado o sobreseído. Blanco, el nacionalista sí. Juega en un escalafón bastante inferior. La Audiencia Provincial ya dijo que tienen que proseguir las diligencias relativas a la causa penal abierta contra él.
Sus abogados estiman que la situación judicial en la que se encuentra le ocasionan un grave trastorno por mantenerse una imputación «baseada só nas imputacións do señor Dorribo».
Son varias las cuestiones que la juez ha de investigar relacionadas con Fernando Blanco. Una de las más relevantes es la concesión a Laboratorios Asociados Nupel de una subvención con cargo a los presupuestos de I+D+I del año 2008, de 1.453.883 euros. Sus abogados sostienen que ésta fue reglada y regular y no hay indicios de actuaciones ilícitas por parte del que era conselleiro en el momento de la tramitación. El dinero concedido suponía el 35% del coste que se podía subvencionar del proyecto del polémico Dorribo.
Los letrados aseguran que la ayuda fue otorgada después de que el proyecto pasase por las manos de varios integrantes de comisiones evaluadoras, tanto funcionarios como controladores externos.
Una de las claves está en el hecho en la justificación de la inversión. Los defensores de Blanco mantienen que éste nunca se ocupó de tal cuestión. Quien lo hizo fue un funcionario de los servicios centrales de la Xunta que se encuentra imputado. «Nin o conselleiro, nin o director xeral, nin o xefe de servizo adoitaban xestionar esta comprobación por non lle pertenecer ao su ámbito de responsabilidade», advierten los letrados que se ocupan de asesora al imputado. Aseguran que Dorribo, en alguna de sus declaraciones, «desenvolveu unha incríbel actuación escénica» aportando versiones falsas.
El alto tribunal podría decidir en breve sobre el caso que afecta al de Palas de Rei
Los letrados del nacionalista denuncian la actuación de Dorribo