La Audiencia de Lugo aceptó la petición del fiscal contra el criterio de la jueza
08 jun 2013 . Actualizado a las 11:48 h.Francisco Cacharro Pardo acaba de ser imputado en la operación Muralla, siete años después de iniciada la investigación judicial. El asunto pasó casi cinco años a la espera de un informe de la unidad de delincuencia económica de la policía, solicitado en su momento por el fiscal. Ese amplio informe llegó por fin a Lugo en octubre del año pasado, y poco después la Fiscalía decidió pedir la imputación de Cacharro Pardo en el caso, en el que había declarado únicamente como testigo. Pero la jueza instructora desestimó tal petición del fiscal por entender que Cacharro «ya había explicado las circunstancias sobre las que quería preguntar el fiscal, y no se desprende de tales explicaciones indicios para sostener la imputación». Sin embargo, el ministerio público recurrió a la Audiencia Provincial, y la Sección Segunda notificó ayer que se debe tomar declaración a Cacharro Pardo en calidad de imputado.
La Audiencia explica que «si bien en un momento anterior Cacharro Pardo fue llamado como testigo, en este momento procesal, donde existen informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales y de la Delegación Provincial de la Intervención General del Estado que arrojan luz sobre el sistema de contratación que se llevaba a cabo en el organismo provincial que presidía Cacharro, y en cuyo procedimiento intervenía de manera directa, es preciso para agotar la investigación, tomarle nueva declaración, pero a fin de salvaguardar sus derechos constitucionales procede que la manifestación se lleve a cabo en condición de imputado», concluye la Audiencia.
El informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía que motiva ahora la imputación de Cacharro es demoledor.
Una tapadera durante 15 años
Una de las principales conclusiones de ese informe es que la Diputación de Lugo dio dinero durante 15 años -Cacharro la presidió durante 20- a una empresa tapadera a la que externalizaba el trabajo de redactar los proyectos de obras en vez de hacerlos con los servicios de ingeniería de la propia Diputación. Según explican los expertos policiales, Cacharro argumentó que no había técnicos suficientes en el órgano provincial para redactar los proyectos y por ello necesitaba externalizar el servicio. Y para ello, el que fuera ingeniero jefe del servicio de Vías y Obras de la Diputación creó la empresa llamada Senén Prieto Ingeniería S.?L., en la cual acabaron recayendo la inmensa mayoría de las redacciones de los proyectos durante quince años, hasta que el fiscal Izaguirre entró en la Diputación, el 18 de mayo del 2006.
El sistema consistía en realizar las adjudicaciones de dichos proyectos mediante un procedimiento negociado sin publicidad previa. Para ello, contaban con tres empresas, casi siempre las mismas, que eran meros testaferros que ofrecían precios más caros para que el proyecto siempre recayese en Senén Prieto Ingeniería S.?L, la empresa creada por el ingeniero jefe de Vías y Obras, que además estaba en la mesa de contratación.
El informe policial y la Fiscalía entienden que este sistema se montó con pleno conocimiento del presidente Francisco Cacharro Pardo, que ahora ya está imputado, al igual que los nueve técnicos y funcionarios que fueron detenidos e interrogados en mayo del 2006, quedando en libertad con diversas fianzas. El caso parece que se reactivará siete años después.