Firmó un decreto para demoler parte de un inmueble de 27 vecinos
10 may 2014 . Actualizado a las 12:26 h.«As leis son para cumplilas». Así de claro se expresa el alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado (PP) cuando es interrogado sobre su decisión de que la piqueta derribe una parte del inmueble donde vive su hermano porque fue levantado de forma ilegal. El asunto trae mucha cola, tanta que arranca en el 2007. Se trata del polémico edificio Marbella que forma parte de la operación Rei que será vista en juicio en octubre. La construcción se encuentra a la entrada de Castro Ribeiras de Lea.
Todo resulta curioso en este caso. El presidente de la comunidad de vecinos del inmueble, formada por 27 propietarios es Antonio Balado, el hermano del alcalde. Este fue concejal del PSOE en la anterior corporación municipal. El equipo de gobierno, del que formó parte, fue quien hizo la vista gorda (según lo que cree la jueza que dirigió la operación Rei, Estela San José y el fiscal) al problema surgido con el polémico Marbella. Un propietario venía reclamando que el edificio se ajustase a la ley, pero no le hicieron caso hasta que no hace mucho hubo un requerimiento para que el Concello repusiese la legalidad urbanística.
Sobre el que recae ahora la responsabilidad es Francisco Balado, el alcalde. Nunca tuvo que ver con la política hasta que en las pasadas elecciones fue cabeza de lista del PP y accedió a la alcaldía. Se da la circunstancia de que es abogado de profesión. No le sirve pues alegar desconocimiento de la ley.
Llegó un momento en el que el regidor estuvo entre la espada y la pared. Y optó por la espada.
«Sei que a decisión pode ser unha faena para os viciños, entre os que se encontra meu irmán, pero eu non podo seguir amparando unha ilegalidade», explicó Balado. Y firmó un decreto que obliga a adaptar el edificio a la legalidad.
¿Qué es lo que sobra? Los acusadores estiman que el constructor supuestamente no cumplió con lo establecido en la licencia municipal que fue otorgada en el mes de abril de 2005. Resulta que fue levantada una planta más sin que nadie dijese nada, a pesar de que el alcalde de aquel entonces y la secretaria municipal eran sabedores de la situación, según el fiscal. Lo que sobra es esa planta a mayores. En la que hay, bajo cubierta, siete viviendas.
Balado, el alcalde, insiste en que la ley ha de cumplirse. No quiere ser responsable de omisión. «As leis son para cumplilas. Os viciños afectados teñen unha serie de mecanismos e plazos para facer uso deles. En todo momento son consciente do perxuicio que lles pode causar a decisión dunha situación a que son completamente alleo pero non podo causarme un perxuizo a min nin dende logo á corporación», dijo el regidor.
Resolver el expediente no fue tarea fácil para el regidor que tuvo que buscar un secretario (la del Concello está imputada en la operación Rei) para actuar como instructor. Finalmente, logró el apoyo del área de asesoramiento a los municipios de la Diputación. Los afectados recurrieron el decreto. Ahora han de cumplirse una serie de plazos y, finalmente, serán las altas instancias de la justicia quienes decidan finalmente qué hacer con el polémico edificio.
crónica polémica por el edificio marbella de castro ribeiras de lea