Luisa López Quijada busca la manera de ayudar a su hermano, dependiente con una plaza pública concedida, pero que está acabando sus ahorros y no encuentra otra solución ante la pasividad de la Xunta
19 nov 2018 . Actualizado a las 22:05 h.A María Luisa López Quijada le concedió la Xunta una plaza en una residencia el 22 de mayo de este año para su hermano Ramón, de 56 años, que tiene reconocido el máximo grado de dependencia, el III por la esclerosis múltiple que le diagnosticaron hace años. Lleva desde entonces esperando a que se haga efectiva. Ramón López ingresó en un centro privado el 8 de septiembre del pasado año, en el que le cobran 1.650 euros al mes. Percibe una pensión de 1.140. Durante este tiempo ha estado tirando de sus ahorros, que se están agotando. María Luisa ha acudido en repetidas ocasiones a las dependencias de la calle Serra de Ancares para saber cuándo va a poder ocupar Ramón la plaza concedida. «No saben darme una respuesta. Me dicen siempre que tengo que esperar, pese a que ya les he advertido que necesito saberlo ya, porque tengo que pedir un crédito para que mi hermano pueda seguir en la residencia. En función del tiempo que sea, pediré una cantidad u otra». A este gran dependiente le quedaban esta semana disponibles de sus ahorros 1.400 euros, según señaló su hermana.
Ramón López vivía con su madre, que era su cuidadora principal, hasta que ella se cayó en la calle y rompió la cadera. Eso fue en septiembre del 2016. Un año después María Luisa decidió ingresarlo en una residencia porque no podía hacerse cargo de estas dos personas dependientes. Ramón además de otros problemas de esclerosis, padece una insuficiencia renal grave, que supone que tenga que acudir a diálisis tres días por semana. Está encamado y lo que se mueve es en silla de ruedas.
Plaza concedida en mayo
«Con una ayuda de tres horas y media de asistencia domiciliaria fuimos arreglando, -señaló su hermana- pero llegó un momento en el que mi médico me dijo que no podía seguir así, que lo mejor era que ingresara a Ramón en una residencia».
En la carta que la Xunta le envió a su hermano Ramón informando de la concesión de la plaza en la residencia le advierten que el acceso al servicio deberá producirse «nun prazo non superior a tres meses» y advierte que tienen preferencia a la hora de ocupar una vacante «o maior grado e nivel de dependencia», como es el caso de su hermano.
También le comunicaron que si en ese plazo no tiene acceso al servicio podría beneficiarse de «unha libranza vinculada a un servizo ou do contrario seguir incorporado ao programa á espera do acceso a un servizo público».
Error en la valoración
En la carta que le remitieron le comunicaban que la atención residencial que le prestaban era de 1.078 euros al mes, según los cálculos efectuados en función de la capacidad económica de su hermano. María Luis López dice que la estimación no es la correcta porque su hermano cobró una indemnización de 12.000 euros. «Se la pagaron una vez, no todos los años como figura en la carta que me mandaron y ese error supone que determinaran que la capacidad económica de mi hermano es de 1.877,24 euros al mes, y no es así, son 1.140».
En la última ocasión que fue a Dependencia le comunicaron que le concedían una libranza vinculada, a partir de noviembre. «No me dijeron de cuánto. Si me dan 100 euros tengo que seguir poniendo más de 400». López reconoce que está muy interesada en que su hermano pase a ocupar la plaza pública. «Las veces que fui a quejarme de que en la residencia no le estaban dando de comer en función de su insuficiencia renal, que exige más aporte de proteínas, y a que no le suministraban correctamente la medicación, en la Inspección Médica me dijeron que al estar en una plaza privada no podían hacer nada. Si estuviera concertada aunque fuera en la misma residencia, si podían actuar», añadió. Ramón, sin embargo, está muy contento de cómo lo trata el personal del centro en el que está y no le gustaría tener que dejarlo.