Se le atribuyen delitos de inmigración ilegal y prostitución
28 sep 2019 . Actualizado a las 13:32 h.La Fiscalía pide una pena de 26 años de prisión para M. G. A., propietario del Club Eros por delitos de inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, tenencia de armas y prostitución coactiva.
Pilar de Lara decidió unir en una pieza separada las investigaciones iniciadas en la Operación Carioca y relacionadas con el Club Eros. La causa fue transformada en procedimiento abreviado por un auto emitido por la jueza.
Según el escrito del Ministerio Público, M. G. A. regentaba un local destinado «a la prostitución por parte de las mujeres extranjeras» y viajaba con cierta frecuencia a Venezuela para contactar con mujeres «a las que pagaba el viaje y daba dinero para entrar en España» para que así, una vez llegaban aquí, ejerciesen la prostitución.
En el año 2009, el acusado contactó con una mujer que ahora es testigo protegida y «sabiendo su precaria situación económica, familiar y social» ofreció venir a España para prostituirse. A cambio, M. G. A. pagaría una deuda de 2.800 euros que tenía esta mujer. Entonces y tras llegar aquí, el acusado le explicó que tenía que vivir en su club hasta saldar la deuda, que no podría salir sola de allí y que tendría que cumplir con el trabajo que él le ordenase, así como entregarle parte de las ganancias que percibían.
Según la Fiscalía hechos como este se repitieron. Así lo declaró otra testigo protegida que no sabía que se vería forzada a ejercer la prostitución hasta que llegó a España. En este caso, la deuda de esta víctima era de 1.800 euros.
En el escrito de acusación figura otra mujer que por necesidades económicas «ejerció la prostitución en el club del acusado» y le pidió prestados 800 euros.
El fiscal considera que el acusado obligó a las mujeres a ejercer la prostitución hasta saldar la supuesta deuda y no dejó que se moviesen con libertad o solas.
Condiciones muy duras
El escrito también recoge que las mujeres ejercían la prostitución en condiciones extremadamente duras, con un día de descanso a la semana e incluso cuando tenían la menstruación. Solo y cuando tenían la regla podían descansar un único día: el primero.
Las víctimas trabajaban desde las seis de la tarde y hasta las cinco de la mañana o seis y media cuando era viernes, sábado o domingo.
El acusado fijaba el precio y los clientes pagaban en recepción y no a las mujeres. En esos años ejercieron la prostitución otras mujeres, que también «carecían de cualquier derecho inherente a su actividad».
El Ministerio Público pide seis años de prisión por un delito continuado de inmigración ilegal, tres por cada uno de los tres delitos de prostitución coactiva y otros tres por cada delito contra los derechos de los trabajadores. Además, en el vehículo del acusado y durante la Operación Carioca, se encontraron varias pistolas, por lo que también se solicitan dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas.