Según la fiscal, con la nueva reglamentación en la mano «no habría ninguna duda de que se debería condenar» a un joven de Burela acusado de haber agredido sexualmente a una chica de 18 años
29 jun 2022 . Actualizado a las 20:26 h.El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, ha sido protagonista durante los últimos meses por tres radicales novedades en leyes que afectan directa o indirectamente al cuerpo de todas las mujeres del país. La reforma de la ley del aborto, la ley trans y la ley del «Solo sí es sí» han estado en boca de todos durante este 2022, y la Justicia lucense no se ha querido quedar atrás.
Este miércoles, se celebró en la Audiencia Provincial de Lugo la segunda sesión del juicio en el que se acusa a un joven de Burela de haber violado a una chica de 18 años después de una fiesta popular en abril del 2019. En toda la vista, que empezó el martes y terminó el miércoles, una pregunta clave sobrevoló continuamente la sala segunda de la Audiencia: ¿Dio su consentimiento la presunta víctima para mantener relaciones sexuales con el procesado aquella noche?
Y es que a esta figura jurídica hizo referencia la fiscal encargada del caso durante su turno de conclusiones este miércoles. Para ella, el motivo principal por el que el joven debe ser condenado a los 12 años de cárcel que se piden para él por un delito de violación es la negativa que le transmitió la joven en todo momento.
Ahora bien, fue la propia fiscal la que hizo referencia a la nueva ley del «Solo sí es sí», explicando que, con esta reforma en vigor, «no habría ningún tipo de duda de que el acusado debería ser condenado por estos hechos». Sin embargo, fue ella misma la que reconoció que, en este caso, «todavía no podemos aplicarla, así que tenemos que guiarnos por la legislación actual». Esto no representa un impedimento para solicitar la condena del acusado, pero sí que le resta una «claridad» que tendría en caso de poder aplicarse la nueva ley impulsada por Igualdad.
Comparecencia de peritos facultativos
Además de las conclusiones de las dos partes, la segunda sesión del juicio estuvo marcada por los testimonios de varios peritos facultativos, entre los que destacaron los forenses y los médicos que atendieron a la víctima tanto el día posterior a los hechos que se juzgan como después de eso.
En general, todas coincidieron en tres aspectos. El primero, que la joven presentaba unas secuelas psicológicas compatibles con haber sufrido algún tipo de situación traumática de índole sexual, compatible con ser víctima de una violación, como ella relató. El segundo, que no tenía lesiones o heridas que se pudieran vincular con una agresión de este tipo, algo que, aun así, no es conditio sine qua non para haber sufrido una violación. Y tercero, que el ADN encontrado en varias partes del cuerpo de la chica se correspondía con el del acusado.
En la última parte de la sesión, Fiscalía y defensa expusieron sus informes finales. Además de la referencia a la nueva ley, la representante del Ministerio Público afirmó que «el acusado usó la fuerza y la intimidación para mantener relaciones no consentidas por la víctima». Además, insistió en la «coherencia» del relato de la denunciante durante todo el proceso.
No pareció contentar esta última parte a la abogada del procesado, que destacó varias incongruencias en la versión de la chica, como, por ejemplo, «la aparición de una supuesta navaja que usó el acusado para amenazarla y de la que no se había hecho mención hasta el día del juicio». El consentimiento, concluyó la abogada, no está en duda, ya que «ha quedado claro que fue la chica la que le solicitó a mi cliente ir a dormir con él a su casa».
De esta manera, el juicio quedó visto para sentencia, y será el tribunal de la Audiencia Provincial de Lugo quien decidirá si prospera o no la petición de doce años de cárcel para el joven de Burela.
