Ihor Yusov, refugiado ucraniano en Lugo: «Tras cuatro años aquí, tengo que divorciarme para poder tener ayudas»
LUGO
El abogado de Járkov relata las dificultades de adaptación en España, sin trabajo y padeciendo una discapacidad visual
18 ene 2024 . Actualizado a las 11:12 h.Ihor Yusov y parte de su familia llegaron desde Járkov a España en el 2019 reconocidos por Protección Internacional. Una vez estalló la guerra, tuvieron que quedarse. Primero estuvieron en Guadalajara y después fueron trasladados a Lugo como refugiados. A pesar de llevar ya cuatro años en la ciudad lucense, el ucraniano relata las grandes dificultades de adaptación: «Ya no puedo trabajar por una discapacidad visual, como mi mujer recibe una prestación de desempleo nos denegaron varias ayudas así que tuvimos que iniciar el proceso de divorcio. Está siendo muy duro». Por el trato que asegura que recibió de diferentes administraciones, incluso presentó un escrito al Defensor del Pueblo de España denunciando una vulneración de derechos y discriminación.
En Ucrania, Yusov ejercía como abogado, especializado en asuntos comerciales, en un negocio que regentaba con uno de sus hijos. Cuando tuvo que huir de su país, su familia se decantó por ser trasladada a España, llamados por el clima y el estilo de vida. Sin embargo, lamenta que se encontró una realidad más complicada de la esperada. La abogacía no podía ser un recurso de vida ya que no sabía español. Entonces, empezó a estudiar el idioma de forma intensiva para poder tener cualquier tipo de trabajo. Consiguió emplearse en Lugo en una empresa de carpintería y en una fábrica de muebles, y también su mujer, en el sector de la limpieza. Además, cursó Formación Profesional en contabilidad y administración, su campo de trabajo en Ucrania.
Lo que parecía ser una adaptación encaminada, según relata el ucraniano, se torció porque acarrea problemas de visión que le impiden hacer correctamente el trabajo: «Tengo una discapacidad visual, de un ojo apenas puedo ver y el otro quedó dañado después de un ataque de un grupo criminal en Ucrania». Relata que desde su llegada a Lugo tardó tres años en conseguir una cita en oftalmología para que hicieran un estudio de su vista y, a día de hoy, sigue esperando para poder someterse a una cirugía o tener un tratamiento. Por tanto, no trabaja desde marzo del 2022.
Un mes después, en abril, tras el estallido de la guerra, evacuó a su madre de Ucrania para traerla a salvo a Lugo. Al ser una persona de avanzada edad y con achaques de salud, mayoritariamente se ocupa de su cuidado. Vivían en Lugo Yusov, su mujer, su madre y dos hijos. A partir de entonces, intentó conseguir alguna ayuda para tener más sustento económico que el sueldo de su mujer. Aunque en septiembre del 2022 fue despedida «ilegalmente mientras se encontraba de baja por covid», por lo que pasó a cobrar una prestación de desempleo de 463 euros.
El ucraniano relata, por una parte, que le denegaron la risga. «Se me trasladó que debía buscar una vivienda más económica. Pagamos 400 euros que ya es lo mínimo para alquilar un piso en Lugo», asegura. Además, tampoco se la dieron por la prestación de desempleo que recibía su mujer. «¿Qué hace una familia con 400 euros?», pregunta. Yusov también intentó conseguir la ayuda de alquiler de vivienda, del Instituto Galego de Vivenda e Solo, pero la solicitud fue denegada y recurrió. «Todavía no recibí la respuesta, el silencio administrativo es horrible, peor que una denegación» lamenta.
Divorcio para tener ayuda
Por las dificultades de su situación, su mujer y su hijo mayor de edad decidieron mudarse a Vigo para buscar trabajo, pero Yusov no puede irse porque está al cuidado de su madre. Entonces, probó también en los servicios sociales municipales, pero de nuevo, relata, los ingresos de su mujer lo privaban de una ayuda económica. «A mi mujer le dijeron lo mismo en Vigo, así que tuvimos que solicitar el divorcio en el Juzgado y presentar los documentos a los servicios sociales de nuestro lugar de residencia», cuenta. Para rematar, asegura que su casero les subió el alquiler de 400 a 480 euros, por lo que presentó una denuncia.
El ucraniano no se imaginaba su vida en España tal y como está siendo. Denuncia las trabas burocráticas y la falta de flexibilidad de las administraciones con los refugiados ucranianos, que no conocen el idioma o las leyes locales: «Doy las gracias a que soy abogado porque sino no podría haber hecho casi nada, ni conseguir la condición de asilo». Recuerda que los huidos de su país son personas formadas: «Podemos ser útiles a la sociedad y queremos contribuir, pero llevamos años sobreviviendo y luchando por nuestro derechos. Me han privado de mi medio de vida».