Un juzgado de Lugo rechaza que el Consorcio tenga que indemnizar a los bomberos por contratar personal durante la huelga
LUGO
El Juzgado de lo Social reconoce que el servicio provincial incumplió la normativa, pero solo en una de las casi 40 contrataciones
21 jun 2024 . Actualizado a las 12:36 h.Tras más de medio año, el conflicto laboral entre los bomberos de Lugo y el Consorcio provincial ya tiene sus primeras consecuencias judiciales. El Juzgado de lo Social número 4 de Lugo ha desestimado la solicitud del comité de huelga y de los sindicatos UGT, CSIF y el SIB, que pedían que el Consorcio Provincial de Lugo los indemnizase con 15.000 euros por haber recurrido a la contratación temporal para mitigar los efectos de la huelga indefinida que tuvo lugar entre junio y octubre de 2023. La jueza solo reconoce un incumplimiento entre los casi 40 casos denunciados, por lo que considera que no se debe castigar al organismo, dependiente de la Diputación de Lugo.
La tesis de los bomberos era simple: el Consorcio contrató a nuevos efectivos para paliar los efectos de la huelga, y obligó a hacer horas extraordinarias y forzó traslados entre parques a los que ya estaban en plantilla en aquel momento. Por estos supuestos incumplimientos, pedían una compensación colectiva. La huelga duró siete meses y medio, desde el 15 de junio del 2023 a febrero de este año.
Estima parcialmente la demanda por una irregularidad anecdótica
La sentencia repasa cómo el Consorcio notificó uno a uno a los bomberos que debían formar parte de los servicios mínimos durante aquella huelga. También se especifican las contrataciones de nuevos efectivos cuando se consideró necesario. La magistrada, en la resolución, estima parcialmente la demanda, ya que da la razón a los bomberos en un punto concreto. Según explica, «en todas y cada una de las contrataciones se hace referencia al trabajador que va a ser sustituido, excepto un contrato que se celebra en julio de 2023 —de un mes de duración— en el que se hace referencia a la necesidad de personal 'debido al incremento de la población, escasez de personal y a la situación de huelga'». Por ello, esa contratación concreta «sí puede ser calificada como un atentado al derecho de huelga, puesto que se celebra el contrato para contrarrestar sus efectos».
No obstante, la jueza destaca que esa contratación debe evaluarse en relación con «el comportamiento abusivo mantenido por los bomberos» durante ese período, pues asegura que «no actuaron con buena fe, ya que incumplieron la obligación impuesta en el contrato y en el convenio de permanecer en el servicio de guardia mientras no se presentase el efectivo saliente», lo que provocó, en ocasiones, el cierre de parques debido a la falta de bomberos.
Por ello, solo ha estimado parcialmente la demanda formulada por el comité de huelga, UGT, CSIF y el Sindicato Independiente de Bomberos de Galicia, y ha declarado que el Consorcio vulneró el derecho de huelga de los trabajadores al contratar a un trabajador durante un mes. Sin embargo, ha rechazado que la entidad pública deba indemnizar a los demandantes por el resto de casos, casi 40.
Rechaza el resto de acusaciones
«La contratación de efectivos es la única conducta que se le puede reprochar al Consorcio, puesto que los demás comportamientos que se la han atribuido no son ciertos: no se han denegado permisos injustificadamente, no se han acordado movilidades entre parques sin justificación, las prolongaciones de jornada también se encuentran justificadas, etc.», destaca la jueza, quien afirma que tampoco consta que el Consorcio «haya ninguneado al comité de empresa o a los sindicatos». Además, recuerda que la entidad ha reconocido a los trabajadores la condición de personal fijo en vía administrativa, tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo, lo que asegura pone de manifiesto su «voluntad de poner fin al conflicto laboral».
En la resolución, explica que de la declaración de hechos probados se desprende que la gestión de los parques de bomberos de la provincia de Lugo desde la declaración de la huelga indefinida en 2023 «se convirtió en una tarea compleja, atendiendo a los numerosos permisos solicitados por los trabajadores, los procesos de incapacidad temporal vigentes y los que surgieron durante la huelga, el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores y la necesidad de garantizar los servicios mínimos fijados». Además, subraya que «no puede olvidarse que el servicio que prestan los bomberos del Consorcio es un servicio esencial, en el que también entran en juego el derecho a la vida, la integridad física y el derecho de propiedad de los ciudadanos cuando se declara una emergencia».
En la sentencia, considera justificada la decisión del Consorcio de ordenar a los bomberos continuar prestando servicios tras el fin de su horario de guardia debido a que no se habían personado efectivos suficientes para iniciar el servicio. Así, recalca que «se trata de una decisión empresarial dirigida a garantizar los servicios mínimos». Además, subraya que dicha prolongación de jornada está regulada en el artículo 13 del Convenio colectivo de la UTE Nasa Nanutecnia, así como en los contratos celebrados con los trabajadores. En cuanto a la distribución horaria, la jueza indica que también se trata de una facultad que se le reconoce al Consorcio en los convenios colectivos, al tiempo que destaca que el hecho de que se haya acordado la distribución irregular de jornada respecto de algunos trabajadores «no supone una limitación del derecho de huelga».
La movilidad entre parques
Sobre la movilidad entre parques, la magistrada señala que también es una facultad que se le reconoce al Consorcio, al tiempo que explica que las movilidades acordadas «se realizaron para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos fijados por la autoridad competente ante la falta de efectivos suficientes al inicio de los servicios de guardia». La jueza también descarta que la gerencia del Consorcio haya denegado permisos de forma injustificada. Así, afirma que concedió 117 solicitudes entre junio y octubre de 2023, y denegó dos de los solicitados para garantizar los servicios mínimos.
En la sentencia, argumenta que también se debe desechar «la alegación de que se ha atentado contra el derecho a la desconexión digital de los trabajadores cuando se realizaron los requerimientos a través de llamadas y WhatsApp a sus teléfonos personales», pues recuerda que «los requerimientos se efectuaron de la misma manera que antes de la declaración de la huelga».
Esta sentencia, por lo tanto, echa por tierra las pretensiones de los bomberos, pero al mismo tiempo reconoce que el Consorcio actuó para paliar los efectos de la huelga de manera contraria a la ley. Contra la resolución cabe recurso de suplicación.