Fin a la operación Pokémon: los acusados ratifican sus pactos y ponen punto y final a la macrocausa
LUGO
Francisco Fernández Liñares, cargos de Cechalva y otros empresarios aceptaron este lunes en la última sesión del juicio las rebajas de pena
24 jun 2024 . Actualizado a las 14:58 h.Hicieron falta décadas para poner fin a la operación Pokémon, una macrocausa judicial y policial que intentó destapar una supuesta red de corrupción a gran escala en la política gallega, con más de una decena de acusados por adjudicar de forma fraudulenta el servicio de la grúa municipal de Lugo en el año 2005. La Audiencia Provincial de Lugo acogió este lunes el último juicio con un desenlace anticipado hace meses. El acuerdo de de conformidad al que llegaron las partes hace que las penas sean inferiores a los tres años de prisión.
Este lunes se celebró la última sesión del juicio en la Audiencia de Lugo y los acusados, Francisco Fernández Liñares, exconcejal de Urbanismo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil; Javier Reguera, enlace entre Liñares y Cechalva, y Manuel Santiso, dueño de Sanle S. L. y hombre de confianza de los dos anteriores, además de otros ocho empresarios acusados de diversos delitos fiscales y contables por haberse beneficiado de servicios a través de los anteriores, aceptaron los términos de sus acuerdos de conformidad. Admitieron los hechos, ratificaron los pactos y pusieron punto y final a la Pokémon. A cambio, consiguen penas rebajadas. Las mercantiles Cechalva y Sanle S. L. también resultaron condenadas a no optar a subvenciones y contratos públicos durante tres meses y a multas de menos de 1.000 euros.
Fernández Liñares, que está en la prisión de Monterroso condenado por corrupción por adjudicar contratos cuando era presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, aceptó dos años y medio de prisión, además de 105.000 euros de multa y nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público. Todo por un delito de violación de secretos por funcionario público, otro de cohecho cometido por funcionario público, otro de prevaricación y un último de blanqueo de capitales.
Reguera y Santiso, que entraron en el accionariado de Cechalva para llegar a Liñares, aceptaron dos años y cinco meses y 32.150 euros de multa y dos años y un mes de prisión, y 30.105 euros, respectivamente. Sus delitos son aprovechar información privilegiada, cohecho, falsedad documental mercantil y delito contable continuado.
En cuanto a los ocho empresarios, recibirán penas menores, que van desde un año y cuatro meses de prisión hasta dos meses. Las multas oscilan entre los 900 y los 27.500 euros.
La pieza original
La pieza original investigó la adjudicación fraudulenta del servicio de la grúa municipal en el 2005 a la empresa Cechalva para después derivar en una investigación de corrupción a gran escala. Las acusaciones se diluyeron y hubo archivos o acuerdos con penas reducidas. El juzgado investigó la relación de Francisco Fernández Liñares, concejal de Urbanismo en Lugo, con miembros de la empresa Cechalva, que consiguieron la adjudicación. Pilar de Lara encabezó la investigación.
Tras muchos años de letargo judicial, cabe recordar que los entonces alcaldes de Boqueixón y Ourense fueron arrestados y salieron absueltos. Liñares es la cara visible de la trama y lleva ya varios meses en prisión condenado por otros casos de corrupción. En realidad, la Pokémon nació de unas escuchas en el marco de la operación Carioca, la gran macrocausa sobre la explotación sexual de mujeres en prostíbulos. Pilar de Lara tomó las riendas desde el Juzgado de Instrucción Nº1 de Lugo e imputó a cientos de políticos y funcionarios, que fueron acusados de beneficiarse de sobornos, pero también de tráfico de influencias en ciudades de todo el país. Las ramificaciones llegaron a otras comunidades como Cataluña, Baleares o Asturias. Este lunes la Pokémon se disipa, pero deja tras de sí 300 tomos, 170.000 folios de diligencias judiciales y cientos de cajas de documentos.