El PP de Lugo pedirá que el pleno de la Diputación reclame al Gobierno «que cumpra a súa obriga de cofinanciar o 50 % da dependencia»

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Elena Candia e cargos del PP provincial, este lunes, delante de la Diputación de Lugo
Elena Candia e cargos del PP provincial, este lunes, delante de la Diputación de Lugo Óscar Cela

Los populares lucenses también quieren que el Estado «salde a débeda de 2.500 millóns de euros con Galicia»

24 feb 2025 . Actualizado a las 12:36 h.

Los diputados del Grupo Provincial Popular de Lugo defenderán en el pleno de la Diputación de mañana martes una iniciativa para reclamar al Gobierno del Estado que cumpla su obligación de cofinanciar el 50 % de la dependencia, así como que salde la deuda de más de 2.500 millones acumulada con Galicia. Los diputados populares, acompañados por la presidenta provincial, Elena Candia, así como alcaldes y portavoces en la provincia, presentaron esta iniciativa que mañana defenderán en el pleno ordinario de febrero. 

Además, el Grupo Municipal Popular también defenderá la iniciativa en el pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Lugo, y a este respecto, la portavoz del Grupo Municipal del PP lamentó que el gobierno local en el Ayuntamiento de Lugo «non identifique como prioritario o Servizo de Axuda no Fogar (SAF)», ya que destina a esta prestación, dijeron, los mismos recursos que ayuntamientos de 15.000 habitantes, pese a que Lugo cuenta con 100.000 vecinos.

Por su parte, el portavoz provincial popular, Antonio Ameijide, explicó que, según establece el artículo 9 de la Ley de Dependencia, el Estado tiene la obligación de aportar los importes mínimos por cada dependiente atendido establecidos por su propio Real Decreto de reforma del sistema de dependencia, que estableció y que está obligado a financiar, pero «pese a esta obriga legal non o están a facer e en lugar de aportar o 50 % da dependencia, leva anos incumprindo a súa parte, acumulando xa unha débeda de 2.500M€ con Galicia».

«Ata que o Goberno central non pague o que debe para a dependencia, a atención que se lle pode prestar aos dependentes non será o que por lei lles corresponde, a pesar de todos os esforzos que están a realizar a Xunta e as administracións locais», explicó Ameijide.

Financiación del Estado

Los populares lucenses señalan que además del nivel mínimo que se paga por cada persona atendida mensualmente, debe financiarlo la Administración General del Estado: «Dos 100 euros que debera achegar para o grao I, só aporta 76 euros; e tan só 130 euros para o grao II cando debera aportar 150 euros. Isto supón, que dende a entrada en vigor do Real Decreto a débeda con Galicia polo impago das contías mínimas ascenda a 12,3 millóns de euros adicionais», señaló Ameijide, quien dijo que no se trata de un importe fijo mensual, sino que es una deuda que crece mes a mes en la medida en que Galicia, cumpliendo con sus obligaciones, incrementa el número de personas atendidas.

Este nuevo decreto de dependencia del Gobierno central, explicaron los populares, obligó a reformar la normativa autonómica y a buscar la financiación en un momento en el que el ejercicio económico gallego ya estaba comprometido. Para nuestra Comunidad, la entrada en vigor de este Real Decreto supuso «un sobrecuste de 80M€ adicionais ao ano».

Esta norma también varió las intensidades del SAF entre un 85 % para grado I y más de un 34 % para grado III, explicó Ameijide, con lo que afecta a las administraciones locales. «O Goberno central actuou sen consultar aos concellos se tiñan capacidade para ampliar as horas, se os contratos vixentes admitirían este incremento ou se había financiación e traballadores para levalo a cabo. Ante esta situación, a Xunta de Galicia tivo que incrementar os complementos autonómicos para que os galegos con dependencia non tiveran que pagar mais polos mesmos servizos».

Ante esta situación, indicaron los populares de Lugo, la Xunta de Galicia tuvo que incrementar los complementos autonómicos para que los gallegos con dependencia no tuvieran que pagar más por los mismos servicios.

Además, dijeron que el Gobierno central también tiene la obligación de financiar el nivel acordado, tal y como establece el artículo 10 de la Ley de Dependencia. Debido a la prórroga de los Presupuestos del año 2023, «a aportación da Administración General tamén se veu conxelada».