Archivan la pieza original de la operación Pulpo, la causa que llevó al juzgado a Besteiro por una acusación de corrupción en la Diputación de Lugo

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO

Agentes de la UDEF, durante un registro en la Diputación de Lugo en el 2016
Agentes de la UDEF, durante un registro en la Diputación de Lugo en el 2016 ALBERTO LÓPEZ

Este proceso investigó la implicación de Juan Carlos Pulpeiro, entonces jefe de protocolo, en la malversación de fondos públicos hace más de una década. Todos los implicados han quedado exculpados

19 jun 2025 . Actualizado a las 17:08 h.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha acordado el sobreseimiento provisional de la pieza que originó la conocida como operación Pulpo. Este procedimiento investigó la supuesta adjudicación irregular de varios servicios desde la Diputación de Lugo. Este procedimiento, concretamente, ha mantenido como imputado durante más de una década a Juan Carlos Fernández Pulpeiro, exjefe de protocolo del ente provincial. Xosé Ramón Gómez Besteiro, actual secretario general del PSdeG, llegó a estar investigado en alguna de las piezas de esta causa. Tanto él como Pulpeiro y otros funcionarios y empresarios han terminado saliendo absueltos en todos los casos. 

El juez Joaquín Brage, encargado de depurar las causas que dejó pendientes su predecesora, Pilar de Lara Cifuentes, ha acordado archivar la pieza original de la Pulpo al no ver indicios suficientes de delito. Esta arrancó con fuerza en el año 2013, pero se fue diluyendo poco a poco hasta quedar totalmente paralizada. En el último lustro, apenas hubo avances. La última novedad se produjo en el mes de diciembre del 2022, cuando Besteiro quedó absuelto de las causas que tenía pendientes al quedar sobreseída la gran mayoría de la Pulpo. Desde entonces, solamente quedaba viva la pieza que ha archivado ahora Brage. 

En este documento se había limitado a incluir los siguientes hechos, según enumera el juez: 

  • Adjudicación ilícita de la plaza en la Diputación Provincial a favor de [la pareja de Pulpeiro] y favorecimiento de aquella en detrimento de los restantes empleados del programa Km.0.
  • Utilización indebida por Fernández Pulpeiro de parte de los fondos asignados al programa Lug02. Los pagos que efectuaba, según la resolución citada, no se llevaban a cabo en la forma establecida por la Diputación, sino en efectivo, con dinero que guardaba en una caja fuerte de su despacho sin control alguno.
  • Apropiación indebida por Fernández Pulpeiro de los fondos asignados al programa Km.0, por pagar facturas superiores al gasto real, en connivencia con algunos proveedores, que con un sistema de cancelaciones anómalo estarían disponiendo del erario público.
  • Pagos realizados con cargo a la partida de gastos del programa km.0 de otros gastos derivados del programa Lug02, y de otros gastos ajenos al programa, ya que no guardan relación con el objetivo de acercar la Diputación al ciudadano, organizar visitas en el territorio provincial, y apoyar e incentivar los diferentes sectores del tejido empresarial lucense.

El PP inició la causa

El fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, envió al juzgado el pasado 5 de junio un escrito en el que pedía sobreseer esta pieza al no acreditarse ningún hecho delictivo. Sobre todo, porque el patrimonio de Pulpeiro no se incrementó en ningún momento de forma sospechosa, como sostiene un informe de la UDEF. El juez, concordando con su postura, ha tomado esta decisión. 

La causa, según consta en la resolución, empezó cuando «una persona que no ha podido ser identificada deslizó misteriosamente la copia de una denuncia administrativa presentada por dos funcionarios de la Diputación por debajo de la puerta del despacho del Partido Popular en la Diputación». En ella, se relataba un presunto caso de acoso laboral. El mismo juez, en un auto anterior, ya decía que la portavoz del partido, Elena Candia, que se personó en el proceso legal, entregó la copia a la Fiscalía. Así empezó el proceso que hoy se da por cerrado, doce años y 62 tomos de papeles después. Contra esta resolución cabe interponer un recurso ante la Audiencia Provincial.