Las 24 familias de un edificio de Sarria no perderán su casa tras una sentencia del TSXG

A. S. / U. C. LUGO / LA VOZ

SARRIA

El edificio afectado es el número 70 de la rúa da Liberdade, antes Calvo Sotelo.
El edificio afectado es el número 70 de la rúa da Liberdade, antes Calvo Sotelo. OSCAR CELA

El tribunal gallego desestimó el recurso que pedía que se derribase parcialmente el inmueble ya que los dueños realizaron las reformas necesarias para adaptarlo a la ley

26 nov 2022 . Actualizado a las 20:08 h.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio una buena noticia esta semana a los residentes en el número 70 de la rúa da Liberdade de Sarria. Y es que el alto tribunal gallego emitió recientemente una sentencia en la que rechaza el recurso interpuesto por un vecino de la villa, que pedía que se derribase parcialmente este edificio

La pugna judicial que se resolvió esta semana llevaba activa desde el año 1995. Entonces, el Concello de Sarria concedió la licencia para levantar este inmueble, ubicado en lo que antes se llamaba rúa Calvo Sotelo. Este particular, sin embargo, fue recurrido por un ciudadano del municipio, que alegaba que la pendiente del tejado y la altura de la entreplanta no se adecuaban a la legalidad. Fue el inicio de una batalla en los juzgados.

Desde entonces han pasado más de 25 años. Diversas instancias judiciales y ejecutivas trataron este asunto, y señalaron en direcciones opuestas hasta que el TSXG ha redactado su sentencia. No fue hasta el 2010 cuando el juzgado condenó al Concello de Sarria a ejecutar subsidiariamente las demoliciones que fueran necesarias en el edificio, dándole la razón a los denunciantes. Tras este fallo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo recibió distintos «incidentes», según la sentencia, lo que hizo que el proceso se prolongase sin avances.

El Concello se vio obligado a costear un derribo parcial

Entonces, en el año 2017, la Junta de Gobierno del Concello de Sarria denegó la licencia de legalización del edificio presentada por los dueños del inmueble, a pesar de haber hecho ellos mismos una primera reforma. Sin embargo, tres años después, el mismo juzgado aceptó el recurso de los propietarios y obligó al Ayuntamiento a dictar otro acuerdo concediendo la licencia urbanística y revocando la decisión municipal anterior. El 4 de noviembre del 2020, la Junta de Gobierno sarriana concedió esta licencia y comenzaron las obras que terminaron adaptando a la legalidad el edificio. Al finalizar la reforma, a instancia del Concello, la comunidad de propietarios presentó en el registro la certificación final de la obra.

Tras una visita de unos técnicos municipales en el año 2021, se comprobó que todo estaba correctamente legalizado y el Ayuntamiento ratificó que el inmueble se adaptaba a la normativa. Pero no fue el final del proceso.

Un recurso de carácter técnico

En febrero de este año, el mismo vecino recurrió un auto del juzgado que ratificaba la legalización de la obra, alegando que incurría en una «incongruencia omisiva». Esto es que el documento legal no especifica datos importantes referentes al asunto que juzga. Además, rechazaba la decisión judicial alegando que esta impedía en sí misma la ejecución de la sentencia. En este caso, el vecino sarriano afirmaba, por ejemplo, que este fallo no tenía en cuenta decisiones judiciales anteriores y solamente se centraba en la adaptación a la legalidad del edificio.

Esta semana, el TSXG desestimó su recurso, alegando que la decisión del juzgado ampara la ejecución de la obra, que ya se realizó, y que respondió a todas las cuestiones en tiempo y forma. Explica el alto tribunal, en resumen, que el edificio se ha adaptado a la legalidad, que es el centro del procedimiento.

Esta sentencia, eso sí, puede no rematar el proceso. El TSXG incide en que cabe interponer un nuevo recurso al Tribunal Supremo (o a otra sala de su tribunal, si procede).

Por el momento, lo que ha resuelto esta institución es que las 24 familias que todavía viven en el edificio podrán seguir haciéndolo. No hace tanto, una decisión judicial puso en peligro la habitabilidad de toda la construcción, llegando a amenazar a la alcaldesa con imputarla si no derribaba completamente el inmueble.