La Comisión concede dos años más para situar el déficit por debajo del 3 % y desmiente a quienes daban por hecho que sería el primer Estado sancionado por romper la ortodoxia fiscal
29 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Alto el fuego. De la noche a la mañana, España ha conseguido salir del patíbulo. Al menos por el momento. Los halcones del euro, defensores de la ortodoxia fiscal, daban por hecho que el país cargaría con el estigma de ser el primer socio en ser castigado por incumplir el pacto de estabilidad. Se equivocaron. Los síntomas de recuperación económica, el entorno político y el descontento social han sido claves para aplazar la sentencia europea. Bruselas concedió dos años más a España para situar el déficit por debajo del sacrosanto 3 %. A pesar de la tregua y de las advertencias, el Gobierno español se aferra este 2017 a unos presupuestos que se quedan a dos décimas del objetivo de déficit impuesto por la Comisión Europea (3,1%). Una señera tradición de gran arraigo en España, que lleva desde el 2009 incumpliendo sistemáticamente la meta presupuestaria. Entonces, ¿por qué este giro de timón? ¿Estamos fuera de peligro?
?Eterna incumplidora. «Las reglas deben ser respetadas», observó el pasado mes de julio el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ignorando que su país jamás fue apercibido por saltarse hasta en siete ocasiones las normas del pacto. El teutón intentó con el beneplácito del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, y la complicidad del comisario del Euro, Valdis Dombrovskis, presionar a la Comisión Europea para que congelase parte de los fondos estructurales y le impusiese una multa ejemplar a España, bajo el brazo correctivo del pacto desde el 27 de abril del 2009. La tríada presionó por todos los medios, pero las reticencias del comisario de Economía, Pierre Moscovici, y el propio presidente de la institución, Jean Claude Juncker, persuadieron a los socios de dar un paso hacia adelante. Con magnos y polémicos malabares jurídicos y mucha mano izquierda, retiraron la soga a España después de que el Gobierno de Rajoy presentase in extremis un catálogo de medidas de ajuste. El 9 de diciembre llegó a los cuarteles de Bruselas el presupuesto definitivo del 2017 con el sello del ministro de Economía, Luis de Guindos. ¿Veredicto? «Cumple en términos generales», asegura la Comisión, que prevé desajustes en el déficit del 0,2 % del PIB (2.100 millones de euros). El Gobierno tendrá que estar «preparado» para acometer ajustes «adicionales» por ese valor a lo largo de este año si no quiere volver a asomar la cabeza hacia el abismo.
?Por qué Bruselas hace la vista gorda? En primer lugar, porque la economía española está «respondiendo bien» y nadie quiere interrumpir con medidas restrictivas la inercia de crecimiento previsto del 2,3% del PIB este año. El Gobierno español es más optimista y espera cerrar la brecha creciendo al 2,5 %. «Un voto de confianza», asegura Bruselas. También es un signo del cambio de rumbo de la Comisión hacia posturas más flexibles, una demanda solo satisfecha cuando Francia le vio las orejas al lobo. La Unión Europea tiene ahora otro reto más grande y preocupante que proviene del flanco político. En pleno año electoral en Alemania, Francia y Holanda, la UE se enfrenta a una crisis existencial y atajarla es una prioridad. La crisis migratoria, el brexit y la victoria de Donald Trump bien podrían ser los entrantes de un banquete en el que la ruptura de la UE se perfila como plato principal de los euroescépticos. En estas circunstancias y ante el creciente descontento social, Bruselas ha preferido pisar el freno y dejar apartados problemas secundarios como las dos décimas de déficit español.
?Volverán las sanciones? El alto el fuego es temporal. España podría enfrentarse de nuevo a una multa de hasta 5.000 millones de euros y congelación de fondos estructurales si no adopta medidas efectivas para corregir el déficit. El equilibrio de fuerzas en Bruselas podría romperse si el Gobierno desanda el camino y da marcha atrás a las reformas estructurales ejecutadas estos años. «Estamos vigilantes», advierte Moscovici. El panorama no es muy alentador. Los populares gobiernan en minoría y tendrán que hacer concesiones para sacar adelante los presupuestos en el Congreso. La reforma laboral, responsable del descenso del paro y el aumento de la precariedad del empleo, está en un limbo por el deseo de una mayoría de la Cámara de derogarla. A ello se suma el «incierto» horizonte económico. Existen multitud de «riesgos externos», según Bruselas, que pueden enfriar la economía como el aumento de los costes de la energía. Las dudas también provienen de la voluntad del Gobierno central de meter en cintura a las comunidades autónomas. Según la Comisión, España no está aplicando un mecanismo de recorte automático del gasto en las regiones cuando exceden el déficit. Los cálculos tampoco coinciden. Bruselas tiene claro que España no cumplirá con sus expectativas de crecimiento ni de ingresos vía impuestos. El adelanto de los pagos del impuesto de sociedades solo aplaza ajustes ineludibles. «Somos menos optimistas», reconocen en sus cuarteles de la capital belga, donde esperan que esta tregua temporal sea suficiente para poner en orden las cuentas públicas españolas porque si algo queda claro es que no habrá una segunda oportunidad.