El consumo privado representa en torno al 57 % del PIB español. Este dato me sirve para invitar al lector a que, cada vez que oiga la mágica cifra de la tasa de crecimiento del PIB, piense que más de la mitad de la misma hay que atribuirla al comportamiento del gasto de familias como la suya. Los otros componentes de la demanda nacional (la inversión, el gasto público y el sector exterior) cuentan mucho menos, ya que su aportación se queda, grosso modo, en el 21, el 19 y el 3 %, respectivamente. Por otra parte, a nadie escapa que la capacidad de gasto de los hogares depende de los precios de los productos que adquieren y de su renta disponible, la cual es, en la mayoría de los casos, de índole laboral. Las condiciones prevalecientes en el mercado de trabajo podrían afectar, pues, de manera importante al consumo de los hogares y, por ende, al dinamismo de la economía.
España tiene el dudoso honor de exhibir la tasa de temporalidad laboral más alta de la UE. A finales del 2015, uno de cada cuatro asalariados tenía un contrato temporal, mientras que la temporalidad media de la eurozona apenas llegaba al 13,3 % y la de otros países europeos, como Dinamarca, no excedía el 7,6 %. Dos años más tarde, en el 2017, nueve de cada diez contratos laborales firmados en España fueron temporales, y la cuarta parte de ellos con una duración inferior a una semana.
Se suele achacar al peculiar tejido productivo español esta elevada temporalidad. Repleto como está de actividades estacionales como el turismo o la agricultura, se ve obligado a recurrir a contratos temporales. Siendo esto cierto, también lo es que la temporalidad en España es mayor, sector por sector, que la del resto de países de la eurozona. Por tanto, aun teniendo un modelo productivo diferente y en el que los sectores estacionales tuviesen menos protagonismo, la tasa de temporalidad seguiría estando por encima de la de nuestros socios europeos.
Que en el mercado laboral español se hace un uso excesivo de la temporalidad queda evidenciado en un trabajo de José A. Herce. De acuerdo con la productividad que esgrime la economía española (en la media europea), la tasa de temporalidad debería ser de entre el 16 y el 18 % de los asalariados. Y, si consideramos que la temporalidad impide a los trabajadores tener una expectativa estable de sus ingresos futuros para adoptar decisiones de gasto, el exceso de temporalidad existente podría ser una rémora para el consumo privado y el dinamismo general de la economía.
En efecto, en un reciente trabajo de Sara de la Rica se muestra que tener un contrato temporal en lugar de uno indefinido reduce, ceteris paribus, el salario hora total en un 15 %; una penalización que expone a una parte significativa de los hogares a eventuales pérdidas de renta en caso de que el contrato del cabeza de familia no se renueve o convierta en indefinido. Y los hogares más expuestos al desempleo por motivos contractuales reducen su nivel de gasto presente por la aversión a la eventualidad de que un perceptor de renta pierda el puesto de trabajo. En particular, los hogares en los que el cabeza de familia o el segundo perceptor de renta ven convertido su contrato de temporal en indefinido mantienen menores niveles de riqueza financiera en relación a su renta laboral, es decir, tienen menores tasas de ahorro precautorio, que aquellos que siguen manteniendo un contrato temporal.
Cabe concluir, en definitiva, que, ante el riesgo de perder el empleo, los hogares reaccionan posponiendo el consumo y, en especial, la compra de vivienda residencial. De lo que, a su vez, se puede inferir que una disminución de la temporalidad podría impulsar las tasas de crecimiento del PIB o, lo que es lo mismo, que la excesiva temporalidad está limitando el potencial de dinamismo de la economía española. Algo que ningún gobierno que busque el bien común debería ignorar.