El Reino Unido se asoma al abismo a 33 días de abandonar la Unión Europea. España es uno de los países europeos que más se juega dadas las importantes relaciones económicas con la isla
24 feb 2019 . Actualizado a las 05:09 h.«Living easy, living free (…) I’m on the highway to hell», retumba en Londres a 33 días del brexit. El célebre tedéum de la banda australiana AC/DC a la buena vida, bien podría convertirse en el himno del divorcio británico. El vivir fácil y libre que vendieron los brexiters para vencer en el referendo de permanencia, y que muchos todavía reivindican, está conduciendo al Reino Unido de cabeza al infierno. Las puertas podrían abrirse a las 00.00 horas del 30 de marzo si la primera ministra británica, Theresa May, es incapaz de poner orden en Westminster y forjar una hoja de ruta sobre el acuerdo de divorcio con la UE que pueda contar con el apoyo de una mayoría en la Cámara de los Comunes. La premier tiene por ahora todas las puertas cerradas de la UE. Los Veintisiete se niegan a sacrificarse para solventar los problemas que la política británica ha ocasionado. A pesar de las procesiones periódicas de May a Bruselas, la líder tory no ha conseguido ni reabrir las negociaciones ni impulsar cambios sustanciales sobre la controvertida salvaguarda irlandesa. Esa cláusula garantiza que Irlanda del Norte seguirá vinculada a la unión aduanera y el mercado único si el Reino Unido no encuentra una solución alternativa para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas. La situación sigue bloqueada y nadie descarta un accidente si persisten las luchas intestinas en el gallinero en el que se ha convertido el Parlamento británico. Las consecuencias, llegados a este punto, pueden ser desastrosas.
Prisas
«No hay antecedentes de una economía avanzada que se retire de un acuerdo comercial tan profundo y complejo como el de la UE», sostiene en uno de sus informes el Banco de Inglaterra. «Un brexit sin acuerdo sería un auténtico shock para esta economía», admite con franqueza su gobernador central, Mark Carney. Las previsiones más recientes (de este mismo mes) aumentan el riesgo de contracción económica en el Reino Unido del 13 al 22 %. Pero es que la entidad prevé un escenario de terror en caso de divorcio traumático. El país podría llegar a destruir el 8 % de su PIB. «No es un paso hacia la prosperidad sino un golpe a nuestras rentas», apostilló. El salto al vacío podría derrumbar el precio de la vivienda, estrangular el crédito y aumentar los impagos o préstamos dudosos. En otras palabras: la economía británica estaría al borde del colapso. ¿Servirán de algo sus esfuerzos por cerrar a contrarreloj acuerdos comerciales con terceros países? Amortiguarán el golpe, pero los problemas de raíz no desaparecerán. Existe una dependencia estructural de la UE y su mercado único.
El Gobierno de Theresa May ha cerrado en un tiempo récord seis acuerdos para relajar los estándares, reducir aranceles y garantizar un fácil acceso a los mercados de Israel, Palestina, Islas Feroe, Sudáfrica, Chile y Suiza. De entre todos ellos, el país alpino es el único con cierto peso económico para Londres. Es su décimo socio comercial, al que exporta bienes por valor de 19.000 millones de euros. El Reino Unido también ha sellado acuerdos de reconocimiento mutuo con Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. En estos dos últimos casos, se trata de replicar las condiciones de comercio vigentes en las relaciones con la UE. Una maniobra que se aleja de la siempre manida demanda de independencia que reclaman los británicos para negociar de forma más eficaz sus propios acuerdos comerciales. Este movimiento tectónico que producirá el brexit también podría precipitar la interrupción de las cadenas de suministro en la UE. La industria al otro lado del Canal de La Mancha sufriría escaseces por el lavantamiento de barreras administrativas y arancelarias.
Incubando problemas
«Aun no somos conscientes del impacto que está teniendo», admiten fuentes del Banco Central Europeo (BCE) antes de confirmar que, de todos los sectores económicos en la UE, el financiero «está más o menos bajo control (…) Es el que está mejor preparado». El brexit duro «no está descontado por el mercado (…) Va contra todos los principios básicos de sentido común, pero los accidentes ocurren», alertan.
Los problemas gordos vendrán por el flanco comercial. Las barreras físicas dificultarán la producción en cadena: «Uno de los mayores problemas está en las cadenas de valor». Pero no habrá que esperar hasta la salida efectiva para notar ya el impacto de tanto vaivén e incertidumbre política. El crecimiento de la productividad británica desciende, se ha depreciado la libra y se espera que aumente la inflación. «Vemos movimientos en la libra, desaceleración económica, la inversión se ha parado y se ha devaluado la moneda para poder exportar», apuntan fuentes de la institución europea. Las cifras constatan esa deriva. Desde la votación del referendo el 23 de junio del 2016, el Reino Unido ha perdido un 2 % de crecimiento del PIB. Según el experto del Banco de Inglaterra Gertjan Vlieghe, el país acumula pérdidas anuales de unos 40.000 millones de euros. Es un importe similar al de la factura de salida que le exige la Unión Europea al Gobierno británico.
El Reino Unido cerró el cuarto trimestre del 2018 con un exiguo crecimiento del 0,2 %, su tasa más baja desde el 2009. Para la fecha de salida, los bancos podrían haber desplazado ya a unos 5.000 empleados de su plantilla londinense. Los activos que vuelan de Londres a subsidiarias en la UE no volverán. Eso auguran los expertos de entidades como Citigroup o Bank of America, quienes ya han hecho trasvases a Dublín. Para un país en el que los servicios financieros concentran el 7 % del PIB y un millón de puestos de trabajo, la salida será dolorosa. Otras entidades han apostado por dispersar a sus plantillas entre Ámsterdam, Fráncfort y París en función del tipo de servicio prestado y por cerrar los nuevos contratos bancarios con cláusulas brexit para no cogerse las manos. Mientras el esqueleto financiero de la City se va desintegrando, la industria británica sigue en proceso de desmantelamiento. La planta de Honda de Swindon o la de Hitachi en Wylfa (Gales) ya han anunciado cierres definitivos de la producción y otras empresas como Sony trasladarán sus cuarteles centrales a Holanda.
¿Cómo puede afectar a España el estallido?
Desde el turismo, uno de los principales motores de la economía española (11,7 % del PIB y 12,8 % del empleo), a las pensiones, las exportaciones, la pesca o las conexiones con la isla se verán afectadas si no hay acuerdo sobre el brexit. Casi 18 millones de británicos visitaron España en el 2018, siendo el principal país de origen de los turistas que recalan en el país. El cierre de fronteras y las restricciones en las comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas dificultarán el acceso. Por poner un ejemplo, Iberia (incluyendo Vueling) deberá deshacerse de una parte de su accionariado británico si quiere seguir fletando vuelos intracomunitarios. La normativa exige que la empresa esté controlada mayoritariamente por manos europeas. La UE le ha concedido esta semana un plazo de seis meses (finales de septiembre) para poner en orden sus balances. De lo contrario, tendrá que apagar motores, aislando a empresarios, estudiantes y turistas de regiones como Galicia, dependientes en buena medida de sus conexiones con el resto de la Península y el exterior.
Esas barreras que tendrá que levantar la UE para prohibir la entrada de los británicos al mercado interior también amenaza el flujo de exportaciones españolas de bienes y servicios al Reino Unido (37.889 millones de euros), tercer destino preferido tras Francia y Alemania, según las cifras de Icex. La economía española podría perder entre un 0,2 y un 0,4 % del PIB. El textil y la automoción serían los más afectados en Galicia, que vive pendiente también del futuro de unos 140 buques con capital galaico que faenan en aguas británicas (Gran Sol y Malvinas).
También se podría ver afectada la amplia comunidad (oficialmente 130.000, pero podrían ser más de 200.000) de ciudadanos españoles (14.000 gallegos) viviendo en el Reino Unido y sus cotizaciones sociales. El Gobierno de Sánchez quiere blindar esos derechos, al igual que los de la colonia de 296.000 británicos que viven oficialmente en España (podrían llegar al millón).