La reforma de las jubilaciones es el proyecto estrella del nuevo presidente para la economía brasileña, mientras los planes para el desempleo o la política comercial brillan por su ausencia
10 mar 2019 . Actualizado a las 05:13 h.Ya en el tercer mes de su mandato, Jair Bolsonaro apenas ha presentado un proyecto de ley para la maltrecha economía brasileña, que aún acusa los efectos de la crisis del 2014 y los vaivenes políticos derivados del impeachment de Dilma Rousseff y el yermo gobierno de Michel Temer. Su proyecto estrella es, eso sí, la petición de los organismos internacionales para cuadrar las cuentas de Brasil: la reforma del sistema de pensiones. Una medida anunciada y que opaca la ausencia de propuestas para los problemas del día a día, como el empleo o las crecientes desigualdades económicas, o para las decisiones estratégicas, como la reubicación del país en el mercado internacional y, sobre todo, su relación con China.
«No soy el más capacitado, pero Dios capacita al que elige», espetó Bolsonaro en campaña cuando no pudo ocultar que esquivaba las cuestiones económicas. Ya presidente, a los pocos días de tomar posesión avanzó ante la prensa una supuesta reforma fiscal y detalles de los cambios en materia de pensiones, que fueron rápidamente desacreditados por pesos pesados de su Gobierno. Desde entonces, Bolsonaro guarda silencio, como su súper ministro económico, Paulo Guedes. Formado en la escuela neoliberal de Chicago, Guedes apenas ha abierto la boca desde que asumió un ministerio gigantesco que abarca Economía, Fomento, Hacienda e Industria. Su misión está clara: tramitar en el Congreso un nuevo sistema de pensiones que permita al Estado brasileño ahorrar 200.000 millones de euros y afrontar un calendario de privatizaciones que sería muy ambicioso de su mano, pero que va a ser contestado por el grupo militar del Ejecutivo brasileño.
Guedes presentó un texto a los diputados que fija una edad mínima de jubilación de 65 años para los hombres y de 62 para las mujeres. Necesitarán un tiempo mínimo de 20 años de cotización y de 40 para la pensión completa, y será obligatorio un sistema de capitalización al estilo de las pensiones chilenas que tanta contestación ha generado. La aprobación o no de esta reforma puede marcar el futuro del Gobierno Bolsonaro, delicado ya por el papel de sus enemigos, la atomización del Parlamento y la dura negociación con los militares, que quieren mantenerse al margen de los recortes.
Poco se sabe de los planes de Bolsonaro para atenuar una tasa de paro del 12 % que oculta una cifra mayor de empleo sumergido. En campaña, el ahora presidente amagó con afrontar una nueva reforma laboral después de las fallidas medidas aprobadas por Temer. Para ello, mostró su preferencia por ahondar en la informalidad, un eufemismo brasileño para definir la precariedad. Todo en un país desigual donde la distancia entre ricos y pobres ha crecido en 16 trimestres consecutivos, según informes de la Fundación Getúlio Vargas. La cifra de desempleados se disparó en los últimos meses del Gobierno de Rosseff y no ha recuperado niveles previos a la crisis. A los 12 millones de parados se suman 25 considerados subempleados, con varios trabajos o sin contrato. La escasa subida del salario mínima aprobada por Bolsonaro a los pocos días de su mandato elevó el cheque a 998 reales, apenas 240 euros.
Ningún mensaje hubo sobre el desempleo en una campaña centrada en aspectos morales, religiosos y de confrontación política, y la desaparición del Ministerio de Trabajo fue poco alentadora. No está muy clara tampoco su política comercial. De la mano de su admirado Donald Trump, Bolsonaro espera a ver cómo se resuelve la situación con China, principal mercado de la soja, el petróleo crudo y el hierro brasileños. La diplomacia no parece el fuerte del nuevo Brasil, que ya ha decidido quemar todos los puentes con el Mercosur, al que el presidente considera un ente ideológico.
Así, lo ahorrado en pensiones, la venta de reservas de petróleo para explotación por compañías extranjeras y alguna privatización como la aeronáutica Embraer (comprada finalmente por Boeing tras años de bloqueo por parte de la Justicia brasileña) parecen el foco de financiación para cubrir el agujero de casi 900.000 millones de deuda federal. Con previsiones de crecimiento inferiores al 2 % y escasas perspectivas para el empleo, Bolsonaro y su súper ministro Guedes lo apuestan todo al éxito de la reforma de las pensiones.