El país andino inicia el salto a un sistema público, con Chile y Colombia muy atentos; los bajos ingresos de las personas mayores hacen que muchas se vean obligadas a trabajar
30 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Bolivia afronta en los próximos meses una prueba clave para su economía y estabilidad social. El Estado andino dio inicio en septiembre a la muy demorada transición desde un sistema privado de pensiones hacia un modelo de gestión pública de esos fondos, proceso que será examinado con lupa en Chile y Colombia, países cuyos presidentes han propuesto transformaciones similares. «Debemos sentirnos orgullosos de ser los pioneros», señaló el mandatario progresista de Bolivia, Luis Arce, al respecto de esas aspiraciones de sus vecinos con nuevos gobiernos de izquierda.
El modelo privado de pensiones del país andino se estableció a mediados de los 90, cuando quebró el anterior sistema de reparto. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pasaron entonces a hacerse cargo del sector, dominado por las marcas Futuro y Previsión —filial del BBVA— y que operaron de forma muy similar al modelo chileno, recabando un 10 % de los salarios de los trabajadores e invirtiendo esos fondos en el sistema financiero para así conseguir una rentabilidad que cubra la parte de la pensión que no generan los aportaciones de los ciudadanos. «No es un sistema perfecto, pero es el que mejor se adapta a nuestra realidad, como en muchos países latinoamericanos. Más allá de la carga fiscal que se evita, hace que cada persona sea responsable de su propia jubilación y se mitigan incentivos perversos, aislando de forma importante a los políticos de las decisiones», considera el economista Walter Morales.
El modelo privado fue durante años foco de críticas similares a las que se formulan en otros países: principalmente, por las bajas cuantías de las prestaciones, de entre el 25 % y el 35 % del salario referencial que el trabajador ganaba durante su vida activa, además de unos exigentes requisitos de ingreso. Apenas el 33 % de los bolivianos mayores de 65 años cobran pensión por sus aportaciones, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en un país donde el 80 % de la población activa desempeña sus labores en el sector informal.
Ese cóctel hace que el 55 % de los bolivianos mayores de 65 años, y casi un cuarto de los mayores de 80 años trabajen o busquen empleo. La Constitución del 2009, aprobada en referendo con un 61 % de los votos, estableció que la seguridad social no puede ser privatizada, algo plasmado un año después en una ley que nacionalizó el sistema de pensiones, proceso que se ha demorado durante 13 años.
Desde hace unas semanas, la Gestora Pública (GP) de pensiones ha iniciado la adopción de los 2,5 millones de clientes que tenían las AFP y 23.000 millones de dólares en fondos, que suponen más de un 60 % del PIB. La transición terminará en mayo del 2023. Quienes defienden el sistema público de pensiones, impulsado de nuevo por el Gobierno, creen que ese modelo producirá mayor igualdad, propiciando mayores prestaciones al mejorar las inversiones del sistema y que tendrá un carácter social y menos lucrativo. Su inicio ha provocado protestas, lideradas por profesores y mineros, encendiendo las alarmas de la población, al ser esos sectores cercanos al Gobierno, que precisamente cuestionan, según las declaraciones de sus líderes, que la administración de la GP esté formada únicamente por personas nombradas por el Ejecutivo, y los trabajadores y empresarios no tengan acceso.
Es decir, no se fían, a pesar de que el Gobierno asegura que hay fuertes reglas y mecanismos de control. El 63 % de los bolivianos cree que habrá corrupción en el organismo público y el 52 % prefiere que continúe el sistema privado. «Es muy importante que se garantice el ahorro en la cuenta individual de cada aportante y que se fiscalice estrictamente la administración e inversión de los miles de millones de dólares acumulados en las AFP: La preocupación de todos es que el Estado pasa a ser juez y parte», explica Kathia Vaca, economista en un país que avanza hacia un cambio clave.