El uso de nuevas tecnologías es un reto no culminado por ayuntamientos y diputaciones, que también necesitan afrontar una reforma fiscal para modernizar sus tributos
26 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Los retos que afrontan las nuevas corporaciones municipales salidas de las urnas en mayo no son muy diferentes a los que el informe de la Red Localis ya definía para los anteriores gobiernos municipales. Y es que las tareas pendientes son estructurales y no coyunturales, por lo que se trata de procesos de cambio amplios que requieren de períodos de tiempo superiores a los de un mero mandato. Una de las reformas en las que concellos y diputaciones deben seguir trabajando es en la digitalización de su día a día para ser más accesibles al ciudadano y también más eficientes. Se ha avanzado mucho, pero no lo suficiente y las administraciones públicas van en este campo claramente por detrás del sector privado.
Pero la transformación de la administración local no puede limitarse a la digitalización de los procedimientos. Hay que ir mucho más allá y revisar los perfiles de los empleados públicos para evitar que sigan en muchos casos suponiendo un obstáculo para la necesaria modernización y profesionalización de las entidades locales. La receta para los cuatro años que vienen debe pasar por consolidar el empleo local, regularizar aquellas plantillas en situación precaria y revisar el tipo de puestos necesarios en los ayuntamientos del siglo XXI en los que las tecnologías de la información y la inteligencia artificial van a jugar un papel cada vez más importante.
Otro reto para los cuatro años que vienen es que los ayuntamientos y las diputaciones provinciales emprendan una verdadera reforma de la fiscalidad local para ser más eficientes y adecuar sus tributos a la realidad actual. Es evidente que el modelo recaudatorio de las corporaciones municipales en España apenas ha sufrido algunos retoques en los últimos 40 años y siempre obligado por sentencias judiciales. Si a ello le unimos el minifundismo de algunas comunidades, y Galicia es un claro ejemplo, el resultado es una merma de la capacidad potencial de captar recursos.
Esta carencia de fondos está íntimamente ligada con otro de los retos pendientes, el de profundizar en el papel de los ayuntamientos como entes emprendedores. En el 2017, la Xunta y la Fegamp aprobaron el protocolo para fomentar la implantación y fijación de empresas en Galicia a través de la iniciativa Doing Bussiness. En inglés, haciendo negocios.
El acuerdo exigía a los concellos bonificar el 95 % del IBI, el IAE y el impuesto sobre construcciones y obras (ICIO), así como la no sujeción de la tasa por prestación de servicios urbanísticos y la de apertura de establecimientos. También se fijaba en 30 días el plazo máximo para resolver las solicitudes de licencia de obra mayor presentadas por empresas y autónomos. El informe elaborado por Red Localis considera que este es el camino a seguir porque permite a los ayuntamientos convertirse en actores proactivos del desarrollo y no en meros agentes pasivos. Favorecer la implantación y funcionamiento de iniciativas empresariales, con plenas garantías de sostenibilidad económica y con menos barreras normativas y administrativas actúa como un gran generador de riqueza que, a su vez, permite contar con más recursos públicos.