Casi año y medio después de entrar en vigor como la gran pócima capaz de curar todos los males, poco o nada queda de aquella ley que supondría un «cambio histórico» en el acceso a la vivienda o un «nuevo paradigma», en palabras de Pedro Sánchez. Al contrario, ha sido más de lo mismo, o incluso peor, porque asistimos a una preocupante dinámica involutiva: la oferta disponible es cada vez menor, lo que tensiona aún más los precios al alza. Colgado de la última rama, el Gobierno se aferra al desgastado argumento de la lentitud que conlleva todo cambio de tendencia en un mal cronificado. Podría entenderse si el barco, en año y medio, hubiese virado tímidamente su rumbo, pero va derecho a empotrarse contra la costa. Una catástrofe predecible en medio de la tormenta perfecta: salarios bajos, viviendas turísticas, especulación, temor de los arrendadores y, sobre todo, un mercado incapaz de satisfacer la creciente demanda. Y aquí juega un papel determinante la vivienda protegida a precios asequibles, cuyo peso en España, comparado con otros países (por ejemplo, Holanda), es absolutamente ridículo. En estas circunstancias, se hace necesario actuar sobre la limitada disponibilidad de suelo en el que construir vivienda accesible (como bien ha advertido Funcas) y sobre la lentitud de las trabas administrativas. En todo esto tienen mucho que decir las comunidades autónomas, que han visto en la ley estatal una invasión clara de su marco competencial. Es lo que defienden las comunidades del PP, a quien Núñez Feijoo, el barón de barones, ha mandado al choque contra el Gobierno, como si oliese la sangre de un Ejecutivo gravemente herido por ese flanco. El desafío es de tal envergadura que se requiere de un gran acuerdo entre todos y que incluya a los tres niveles de la Administración (Estado, autonomías y ayuntamientos). Porque la ley ha fracasado, sin duda, pero también cuesta mucho creer a quienes ahora proponen justo lo que no hicieron cuando tuvieron responsabilidades de gobierno.