El coste de los servicios en los municipios de la Galicia rural
MERCADOS
La comunidad cuenta con 240 ayuntamientos calificados como Zonas de Poca Población. Su baja densidad y escasa concentración dificultan la dotación de medios, de ahí la necesaria apuesta demográfica
10 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Hace pocos días publiqué un documento donde señalaba que los municipios situados en entornos rurales suelen tener problemas y limitaciones para poder garantizar los servicios a las personas residentes. Si bien no es patrimonio exclusivo de Galicia, esta situación se ve acentuada por el fuerte proceso de envejecimiento poblacional, baja densidad demográfica, despoblación continuada, reducida dotación y/o carencia de infraestructuras y la incapacidad para conseguir un desarrollo local endógeno de los municipios rurales.
En Galicia contamos con 240 municipios (76,7 % del total) calificados como Zonas de Poca Población (ZPP), la mayor parte situados en el marco rural con fuertes singularidades de diferente naturaleza: económica, financiera y demográfica. Todos ellos con algunos rasgos comunes, como las dificultades en su funcionamiento y para la prestación de servicios públicos. En este trabajo se señalaba como (a partir de un estudio elaborado por el Banco de España) en Galicia la distancia que debe asumir un residente en el medio rural es de casi 15 kilómetros para recibir un servicio, mientras que no llega a tres kilómetros si reside en un entorno urbano. Con todo, la media nacional se sitúa en 22,6 kilómetros en el medio rural y 2,1 kilómetros en el medio urbano.
Además, señalaba (a partir de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda) que las diferencias fiscales entre municipios catalogados como Zonas con Poca Población (ZPP), Zonas Densamente Pobladas (ZDP) y Zonas de Densidad Intermedia (ZIP) en Galicia son evidentes. A modo de ejemplo, en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para edificaciones urbanas los ZPP tienen un tipo impositivo 0,13 puntos porcentuales por debajo de los ZDP y 0,01 puntos por debajo de los ZIP. Por lo que respecta al IBI rústico para Galicia, las diferencias entre los ZDP y los ZPP señalan 0,11 puntos porcentuales por encima para los primeros, aunque comparando los ZIP con los ZPP, son estos últimos los que tienen un tipo impositivo 0,03 puntos superior a los ZIP.
Asimismo, para el resto de los impuestos analizados (impuesto de actividades económicas, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras e impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana) estas diferencias también se manifiestan. Todo ello supone una menor capacidad recaudatoria para los municipios rurales.
Además, los municipios ZPP respecto a los ZDP muestran una notable menor recaudación por habitante en los impuestos directos, indirectos y tasas y precios públicos del presupuesto de ingresos; las diferencias han sido de 144,2, 19,8 y 95,2 euros, respectivamente, a favor de los municipios ZPP. Replicando el ejercicio entre los ZIP y ZPP el diferencial sería de 22,9, 5,22 y 33,3 euros, respectivamente. En el primero de los casos esta importante diferencia se debe especialmente a la participación en los tributos del Estado de los siete grandes municipios en Galicia; para el segundo de los casos, a la menor capacidad recaudatoria de los ZPP frente a los ZIP, puesto que no se contempla ese tratamiento especial en los capítulos de impuestos directos e indirectos entre los dos tipos de municipios, algo que si ocurría con los ZDP. Para las tasas, las diferencias son explicables por su menor uso en los ZPP, de ahí que no sea tampoco una alternativa para mejorar la fiscalidad propia de este tipo de municipios.
Finalmente, se comprobaba (comparando los municipios ZDP con los ZPP) que en estos últimos se gasta por habitante más en personal y menos en inversiones reales, mientras que en los ZPP es mayor el gasto y las transferencias corrientes. Repitiendo la comparativa entre ZIP y ZPP, en estos últimos se gasta más en personal, gasto corriente e inversiones reales.
En el informe citado se señalaba la necesidad de introducir mayores dosis de racionalidad en las prestaciones de servicios públicos locales en los municipios rurales, en especial reflexionar si la Ley de Bases de Régimen Local introduce más competencias a los municipios rurales que las que puede soportar por sus propios medios. De ser así, podría valorarse si sería adecuado suprimir la obligatoriedad de ciertos servicios que de facto prestan otras entidades distintas a las del ayuntamiento. Esto, como es evidente, también implicaría una reducción de las necesidades de transferencias estatales, autonómicas y provinciales a estos municipios. Otra posibilidad sería, en la medida de lo posible, incrementar las bases imponibles de los tributos. Esto pasaría por un aumento del número de contribuyentes. Poner en valor el medio rural y dar oportunidades de trabajo a las personas jóvenes para que residan en estos municipios puede ser una vía muy interesante para explorar. Al mismo tiempo, resulta necesario evaluar las actuaciones fiscales que se están impulsando para fomentar la captación de residentes, puesto que muchas de ellas parecen que son de pequeña intensidad, de escaso resultado y muy cortoplacista. En este sentido, creemos que es mucho mejor desarrollar estrategias conjuntas entre la administración autonómica y la local y que desde la primera se siga apostando fiscalmente por intentar atraer personas al rural.
No obstante lo anterior, no debe ser un mero ejercicio tributario. Hay que ser consciente de que el coste de los servicios, debido a la escasa concentración poblacional resulta mayor en los municipios con menos población, al tratarse de muchos núcleos de población, muy aislados geográficamente, lo que se traduce en una mayor dificultad y mayor coste en la provisión de determinados servicios. No obstante, algo habrá que hacer. Mirar para otro lado, no es una alternativa.