La angosta senda fiscal que nos espera los próximos años
MERCADOS
El Plan Fiscal y Estructural que el Gobierno ha remitido a Bruselas hace unas semanas persigue la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, el hecho de que no se aprueben los presupuestos, la capacidad real para implementar estas reformas será inexistente, asegura el autor.
24 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno presentó el mes pasado a Bruselas el Plan Fiscal y Estructural que tiene por objetivo asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo, de forma compatible con un crecimiento económico sostenible y equilibrado. Este plan responde al nuevo marco de gobernanza fiscal de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros definir su propia senda de ajustes para cumplir con los límites de déficit y deuda pública.
Este plan de ajuste fiscal tiene un alcance inicial de cuatro años, hasta el 2028, si bien las nuevas reglas contemplan un elemento de flexibilidad, permitiendo ampliar el plazo para realizar el esfuerzo hasta el año 2031 si se presentan reformas e inversiones de calado. A diferencia del anterior marco de estabilidad presupuestaria, que hacía más hincapié en el déficit —la diferencia entre gastos e ingresos de las Administraciones públicas—, ahora el elemento de referencia es el gasto primario neto de medidas de ingresos. Este nuevo gasto computable no tiene en cuenta los intereses, los gastos financiados con fondos europeos, la parte cíclica del desembolso por desempleo y los gastos extraordinarios o de carácter puntual o temporal. A su vez, al ser neto de ingresos, las medidas de subida de impuestos generan márgenes adiciones para incrementar el gasto.
La lógica de este nuevo esquema es que el gasto público crezca a un menor ritmo que los ingresos, disminuyendo el déficit y, a su vez, generando ahorros que permitan rebajar la deuda pública. El nuevo indicador de gasto, y el límite impuesto a su evolución, deberían permitir controlar de una forma sencilla y directa la estabilización presupuestaria de los diferentes países. El déficit estructural, que se usaba anteriormente, resultaba complicado de medir y difícil de fiscalizar.
El límite impuesto al crecimiento del gasto público neto es, en promedio, del 3 % entre el 2025 y el 2031, contemplando un incremento del 3,7 % para el año próximo, porcentaje que irá decreciendo a lo largo de los siete años hasta alcanzar el 2,4 % en el 2031. Esta senda fiscal conllevaría un déficit del 2,5 % del PIB para el próximo año, por debajo del umbral del 3 %, a partir del cual Europa requiere un programa específico de disciplina presupuestaria, para finalizar en el 0,8 % del PIB en el 2031. A su vez, la deuda pública, que en el 2023 se situó en el 105,3 % del PIB, y para la que se espera que este año cierre en el 102 % del PIB, iría decreciendo progresivamente hasta situarse en el 90,6 % del PIB en el 2031.
La estrategia del nuevo plan, basada en una combinación de moderación del gasto y aumento de los ingresos fiscales, y las previsiones en términos de déficit y deuda que establece, guardan, como no podía ser de otra manera, la lógica y la consonancia que este tipo de planificaciones requiere. No obstante, los retos y desafíos aparejados a las proyecciones realizadas introducen elementos de desajuste que pueden poner en peligro la consecución de los objetivos perseguidos.
Así, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el plan es hacer compatible el tope de gasto del 3 % con los efectos del envejecimiento de la población sobre partidas como las pensiones, la sanidad o los servicios sociales. Solo en lo relativo a las pensiones, que suponen un tercio del gasto público, se estima un crecimiento para el año que viene del 5 %, lo que obligaría a que al resto de partidas suban mucho menos del 3 %. Desde el Gobierno se confía en el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales para sostener este gasto. En este sentido, las reformas introducidas y el aumento de la población activa, impulsada parcialmente por los flujos migratorios, pueden ayudar en este sentido, pero no resolverán por completo la presión que soportará el gasto en pensiones en el horizonte del 2031.
En la misma dirección empujarán compromisos ya asumidos, como los relativos al gasto militar, o que se acabarán asumiendo, como ocurrirá, sin duda, con el sueldo de los funcionarios, a los que será muy complicado negarles las actualizaciones requeridas. Con todo, el verdadero problema de este plan es la capacidad real que existe para su implementación. De entrada, para empezar, en estos momentos no hay plan presupuestario para el año que viene, que es el documento en el que debe detallarse a Bruselas las medidas que se incluirán en los presupuestos, en línea con la senda de gasto ahora comprometida. Y no hay plan presupuestario porque previsiblemente no habrá presupuestos y, si llega a haberlos, que todo es posible, se encajarán en los límites ahora establecidos, como no puede ser de otra manera, pero será muy difícil que sienten las bases para emprender las reformas estructurales que se requieren para que la senda de estabilidad sea una realidad en el tiempo.
En el plan se recoge un programa de reformas e inversiones, que permitirán la extensión del ajuste fiscal hasta el año 2031, relacionadas con la transición ecológica, la transformación digital, el capital humano y el capital físico y la productividad. Pero para poder afrontarlas con éxito debemos empezar primero, o por lo menos en paralelo, por algo que se menciona muy superficialmente en el plan y que es la base de su éxito: la reforma estructural de nuestra administración pública. Solo así podremos garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas haciéndola compatible con el mantenimiento del estado del bienestar y el crecimiento económico sostenible que necesitamos.
La reforma de las administraciones públicas no necesariamente requiere de recursos adicionales, aunque sí de un consenso y de una voluntad política que debe materializarse en sus diferentes niveles, cosa complicada en estos momentos por la realidad política que tenemos, pero a la que no debemos renunciar. Aunque sea una utopía, debemos insistir en la necesidad de conseguir una mayor eficiencia o eficacia de nuestro sector público, o no generaremos los márgenes necesarios para hacer compatible la estabilización presupuestaria con el mantenimiento del estado del bienestar. O nos ponemos a ello, o la senda fiscal de los próximos años será angosta y no nos llevará al destino pretendido.