El libro blanco de los inspectores aboga por modernizar los tributos y poner fin a la que afecta a una recaudación que ronda los 22.000 millones
24 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La reforma integral de todos y cada uno de los impuestos y tasas municipales. Esa es la propuesta que la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha lanzado en el libro blanco que acaba de presentar y que recoge propuestas de instituciones y funcionarios públicos para modernizar los tributos bajo tres ejes fundamentales: diferenciar mejor entre los tipos impositivos en función de la población, acabar con la inseguridad jurídica que existe en torno a los tributos de basuras o plusvalías de terrenos e ilegalizar la externalización de la inspección.
El libro blanco incorpora casi cien propuestas diferentes, algunas muy concretas respecto a impuestos muy importantes para las haciendas locales. El objetivo es una «reforma a fondo», en palabras del presidente de la entidad que agrupa a los inspectores de la hacienda local, Arturo Delgado, ya que la última vez que se acometió una remodelación profunda fue en el 2002 y desde entonces solo se han ido aplicando parches.
El asunto es de vital importancia para la supervivencia de los ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano y la responsable de una recaudación que ronda los 22.000 millones de euros al año. El de bienes inmuebles (IBI) es el más importante, ya que supone casi 14.500 millones de ingresos, seguido del de vehículos de tracción mecánica, con casi 2.400 millones y el de actividades económicas (IAE), que se quedó en el 2020 en 1.632 millones.
Un ejemplo de esa falta de seguridad jurídica en las tasas locales es el impuesto de plusvalía municipal, que pese a que ya en el 2017 empezó a ser cuestionado por sentencias judiciales no se reformuló hasta el 2021, cuando el Tribunal Constitucional lo anuló por completo. Ahora falta que el Supremo aclare a partir de qué fecha se puede considerar que decayó su efecto.
Una situación similar se ha dado con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que pese a que tiene muy pocos artículos, en todos ellos han tenido que intervenir los tribunales para aclararlos. En cuanto al de vehículos de tracción mecánica, la regulación actual ampara el fraude de las grandes flotas que tributan en ayuntamientos con tasas más bajas o sedes fantasma cuando en realidad los coches están circulando por otros municipios.
Otro de los tributos que los inspectores consideran indispensable que se reforme de forma urgente es el de actividades económicas (IAE), que tiene tarifas establecidas en 1995 y que hoy en día están totalmente desactualizadas. Sobre la de basuras, abogan por introducir ciertos criterios opcionales, que así pasarían a tener respaldo legal y posibilitarían que los ayuntamientos puedan acogerse a ellos a la hora de regular su tasa.
El libro blanco de la Anihpl también quiere que la futura regulación de los tributos locales tenga más en cuenta la población, ya que no se puede equiparar la situación ni la capacidad de gestión de las grandes ciudades, de poblaciones de tamaño medio y aquellas que no superan los 5.000 habitantes, que son las que más problemas tienen por falta de recursos tecnológicos y humanos.