Ya sean regulaciones europeas, nacionales o autonómicas, las compañías gallegas se enfrentan a un profundo cambio normativo en esta materia. «La sostenibilidad ha dejado de ser un tema periférico para situarse en el centro de la estrategia empresarial», apuntan desde Icsem. Esta consultora viguesa dibuja el mapa para estar al día en materia económica, ambiental y social
21 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Sostenible ya no es una etiqueta. Hace mucho que las empresas tiene que rendir cuentas en lo económico, social y ambiental así que las regulaciones avanzan en el ámbito europeo, nacional y, por supuesto, gallego.
El Pacto Verde Europeo es el gran marco político que lo ha acelerado todo. Por su nombre ya se intuye que establece políticas ambientales, pero hay más. «A partir de este pacto, surgieron normas como la CSRD —Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa—, la Taxonomía Europea para las finanzas verdes, la directiva de Diligencia Debida en derechos humanos y medio ambiente —Csddd— y diversas estrategias para acelerar la industria net-zero», explica el equipo de Icsem, la compañía viguesa experta en la elaboración de informes y memorias de sostenibilidad y valor compartido.
Hasta el momento, las empresas españolas estaban acostumbradas a publicar lo que se conocía como Estado de Información No Financiero —EINF— pero poco a poco está siendo desplazado por la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa —CSRD—. «Está ya en vigor para grandes compañías europeas y se extenderá a otras categorías empresariales a partir del 2026, incluidas las pymes», explican. El sistema de reporte tendrá que ser más detallado, estándar y verificable. «No basta con contar cómo las actividades impactan en el medio ambiente y la sociedad, sino también cómo los riesgos climáticos, sociales y de gobernanza influyen en la propia empresa».
¿Qué significa para las compañías gallegas? Ordenar datos internos, implicar a proveedores y alinear la estrategia con los criterios europeos.
A todo esto se suma la nueva directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad, que se aplicará de forma progresiva en el 2027. «Aunque en principio afectará a las grandes compañías, el efecto cascada llegará a las pymes, que deberán adaptarse si quieren ser proveedores de grupos de gran tamaño». Una directiva que obliga a identificar riesgos sociales y ambientales en toda la cadena de valor: materias primas, derechos humanos o emisiones indirectas dejan de ser datos voluntarios «y se convierten en una responsabilidad legal».
LAS FINANZAs
La parte financiera no queda al margen. La Taxonomía Europea es una nueva regulación de la CE «que pretende consolidar unos criterios técnicos comunes y transparentes para determinar que una actividad es sostenible y contribuye a las metas y objetivos europeos, incrementando así la transparencia y confianza de los inversores y el mercado», apunta Icsem. Todo esto es clave. Esa Taxonomía Europea crea una clasificación clara de lo que se considera sostenible y eso condiciona el acceso al crédito, las inversiones y la relación con los bancos. «Una empresa que quiera financiar, por ejemplo, la modernización de su flota encontrará más facilidades si demuestra que contribuye a reducir emisiones».
LA INDUSTRIA
El ámbito industrial no escapa a las regularios. El Net-Zero Industry Act marca el rumbo hacia el 2030 con el objetivo de fabricar al menos un 40 % de las tecnologías limpias para la transición energética. «Desde baterías hasta hidrógeno, lo que abre oportunidades de innovación y de nuevos mercados para las empresas gallegas».
A nivel nacional, la novedad es un nuevo Real Decreto que obligará a partir del 2026 a grandes empresas y Administración pública a calcular, publicar y reducir su huella de carbono. «Quien no mida ni reduzca sus emisiones perderá terreno en licitaciones, acceso a financiación y competitividad». Los expertos señalan también a la aprobación este septiembre de un nuevo Pacto por la Emergencia Climática, que refuerza la urgencia de la transición en todos los sectores.
«En Galicia todo esto se completa con iniciativas propias. La Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 marca los objetivos de descarbonización regional, mientras que la Alianza Galega polo Clima reúne a actores públicos y privados para trabajar de forma conjunta. Además, a través de entidades como el Igape y GAIN, existen líneas de apoyo específicas que financian proyectos de eficiencia energética, economía circular e innovación sostenible». Programas esenciales para las pymes, que son el eje vertebrador de la economía de Galicia.
Desde Icsem apuntan a que muchas compañías ya ven dificultades. Desde la recopilación de datos a la falta de conocimiento técnico interno. «Hay que pensar en las oportunidades. Esta transición abre la puerta a un acceso más sencillo a la financiación verde, a la reducción de costes mediante la eficiencia energética y de materiales, a la mejora de la reputación frente a clientes y comunidades, y a una ventaja competitiva en mercados cada vez más exigentes», dicen apuntando hacia las ventajas. Y es que adaptarse a las políticas climáticas no es solo una obligación. «Es una inversión en la resiliencia a largo plazo de las empresas. Un conocimiento más profundo sobre los riesgos y oportunidades».
Como expertos en la materia, tienen sus propios consejos para las empresas gallegas. Recomendaciones que pasan por identificar los riesgos de sostenibilidad, medir su huella de carbono, incluir criterios sociales y ambientales en sus contratos con proveedores, entre otros. «Vivimos una época en la que la sostenibilidad ha dejado de ser un tema periférico para situarse en el centro de la estrategia empresarial. Los incendios, las danas y las olas de calor nos recuerdan que la emergencia climática no espera. Las nuevas normas, desde la CSRD hasta el Real Decreto de huella de carbono, traen restricciones adicionales, pero también una oportunidad de innovación, competitividad y fortalecimiento del tejido empresarial gallego», sentencian.