LOS NUEVOS aires de libertad que está promoviendo el próximo gobierno del PSOE hacen pensar que esta libertad se mantendrá en aspectos tan importantes como la Enseñanza, sector habitualmente lleno de paradojas. Es paradójico que todos los sectores sociales y partidos políticos sean conscientes de que la Educación es un aspecto fundamental de la sociedad, pero al mismo tiempo todos se vean en la obligación de someterlo permanentemente a experimentos. Desgraciadamente, hasta ahora los experimentos siempre han salido mal, hecho reconocido por sus propios promotores. Pero las experiencia fallidas deberían servir para llevar a cabo las correcciones más acertadas, sin embargo sucede que estas correcciones de rumbo están mal vistas, no se llegan a hacer. Da la impresión de que en España, la enseñanza en su conjunto está más pensada para los funcionarios de la misma y los políticos que para los estudiantes y para las familias. Por eso, parece que ya va siendo hora de que los políticos se decidan de una vez a promover y garantizar una verdadera libertad de enseñanza, gratuita en los niveles obligatorios y universal en lo social, para que todas familias tengan la oportunidad de dar a sus hijos la enseñanza que consideren más adecuada. Creo que cualquier sociedad liberal está convencida de que promover la verdadera libertad de enseñanza es poner a disposición de los ciudadanos mecanismos para que puedan ejercer esa libertad, no es hacer una troqueladora educativa por la que tiene que pasar obligatoriamente toda la sociedad. Y el que no quiera ser troquelado por el sistema público que se pague su propio modelo. Parece que suena como mal, así en crudo. Por eso yo creo que los nuevos aires de diálogo y libertad del próximo gobierno socialista debían proporcionar a todo el país los instrumentos legales para el ejercicio de la libertad integral de Enseñanza, sin troqueladora. A saber: cada familia debe tener la oportunidad de elegir el centro de enseñanza que considere más adecuado para la formación de sus hijos. Parece lógico que los padres puedan elegir dentro del sistema público el colegio que consideren de más calidad. Y que si un grupo de padres quiere organizar su propio colegio, sin afán de lucro, tenga todo el apoyo de los poderes públicos. Está claro que al Gobierno de turno le va a costar lo mismo pagar un puesto escolar en el sector público que en el privado, incluso a veces sería menos en el privado. Sólo es cuestión de estudiar cómo beneficiar más y mejor a las familias. Y después de todo esto no cabe más que preguntarse por qué los gobiernos tienen tanto miedo a la promover la verdadera libertad de enseñanza y tanto entusiasmo por aplicar la troqueladora educativa. Quizá la respuesta está escrita en los nuevos aires de libertad que se aproximan.